Stephani Maita U., Economista de Macroconsult
Perú, al igual que la mayoría de las economías en el mundo, atraviesa un fenómeno inflacionario impulsado, principalmente, por el incremento sostenido de los precios internacionales de diversos insumos (agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania), los cuellos de botella en las cadenas logísticas, entre otros.
Si bien la lucha contra la inflación recae en el Banco Central de Reserva (BCRP), el malestar social generado por la sostenida subida de los precios a nivel nacional llevó a que tanto el Ejecutivo como el Legislativo buscaran medidas que atenuaran los efectos negativos sobre las familias. Esto en un contexto en el cual la inflación en Lima Metropolitana se encuentra bastante por encima del rango meta del BCRP desde hace un año (8.1% en mayo), y es bastante más alta en 14 de las principales ciudades del país, donde supera el 10%.
Sin embargo, lejos de desarrollar políticas orientadas a recuperar la capacidad de compra de las familias (cuyos ingresos nominales aún no recuperan niveles prepandemia, y peor aún, se han deteriorado en términos reales producto de la inflación) dispusieron la exoneración del IGV de cinco productos de la canasta familiar. Esta medida, como se advirtió tras su anuncio, no alivió las presiones sobre los hogares pues su impacto en los precios finales al consumidor fue acotado -según el BCRP la medida tuvo un impacto menor al 3% en mercados de abasto, uno de los principales canales de compra de alimentos-.
Ahora, el ministro de economía y finanzas anunció que dichas exoneraciones no serán extendidas una vez caduquen el 31 de julio, y, en su lugar, se dispondrá la entrega de un bono alimentario por tres meses a los hogares en estado de vulnerabilidad. Esta medida, en tanto sea adecuadamente focalizada, y sea ejecutada con rapidez, podría aliviar en el corto plazo las presiones sobre los hogares de los quintiles de ingreso más bajos, los cuales destinan casi la mitad de sus recursos a la compra de alimentos (bienes que sufrieron más el alza de precios y aportaron en mayo 5 puntos porcentuales al resultado de inflación).
Sin embargo, es necesario desarrollar estrategias sostenibles que favorezcan la recuperación del ingreso de las familias a fin de mejorar su capacidad adquisitiva en el mediano-largo plazo pues, si bien la inflación iniciaría un proceso de desaceleración en los próximos meses hasta cerrar el año con una tasa del 6%, los precios de la economía local aún se mantendrían elevados. En esa línea, es muy importante que se desarrollen las condiciones para la recuperación del empleo formal (aún por debajo de niveles prepandemia), lo cual solo se podrá lograr disipando el elevado ruido político que retrasa las decisiones de inversión en el país, en un entorno donde, además, la economía internacional se está desacelerando.