José Enrique Vera, Economista de Macroconsult
El pasado fin de semana el Ejecutivo aprobó y publicó la Ley que faculta el primer retiro extraordinario de los fondos privados de pensiones de hasta 4 UIT para este 2022. Con esta medida son seis los retiros que se han autorizado entre los años 2020 y 2022. Según datos de la SBS, a diciembre de 2021, en los cinco primeros programas, más de 5.6 millones de afiliados retiraron cerca de S/ 66 mil millones, equivalente a 2 veces el presupuesto total para educación del Estado Peruano.
Los políticos autores de estas medidas basan su argumento en la necesidad de la población por disponer de liquidez para así poder contrarrestar los estragos generados por la pandemia. Pero existen muchas las razones que califican a estas medidas como populistas y que los expertos advierten incansablemente sobre los perjuicios que están generando. Aquí listamos algunas de ellas.
Primero, estas medidas atentan contra la naturaleza de los fondos de pensiones, ya que afecta la capacidad de ahorrar y de esa manera construir una pensión que les brinde protección sin caer en pobreza durante su vejez. Según la SBS, con los retiros ya efectuados, los afiliados que se acogieron a la ley recibirán un 35% menos de pensión. Asimismo, para recuperar los fondos retirados, los afiliados tendrían que seguir aportando como mínimo unos 11 años más. Lo alarmante es que, con los retiros realizados, un total de 2.3 millones de afiliados tienen cero fondos en sus cuentas.
Por su parte, también hay consecuencias perjudiciales en el aspecto financiero, ya que, con el retiro, las AFP tienen que liquidar un gran paquete de activos para atender las solicitudes de los afiliados, con ello se desvalorizan los instrumentos del portafolio, afectando así la rentabilidad de todos los aportantes del SPP.
Para esta sexta disposición de retiros, el objetivo también es dar soporte a los más vulnerables, pero ello ya no ocurrirá, porque las personas más vulnerables que se encuentran en el SPP -que por cierto no necesariamente son los más vulnerables de toda la población- ya retiraron con los anteriores programas, por lo que los más beneficiados serán los más acomodados. Incluso, analizando datos históricos, el 45% del fondo retirado pertenece a personas con empleo y que aportan regularmente. Esto demuestra la ineficiencia de la medida que no beneficia a la población que realmente requiere liquidez.
La idea de reforma integral es plantear estrategias según los grupos poblacionales. Para los más pobres, que difícilmente llegarán al sistema privado, es el Estado el que debe asegurar una pensión mínima. Aquí podría potenciarse Pensión 65 en cobertura y montos. Para el segmento vulnerable/medio se debe establecer un copago entre privado-público para asegurar también una pensión mínima para los que ya son parte del sistema y para los que vendrán, y generar incentivos sobre el aporte voluntario en cuentas de capitalización individual. Y para el segmento alto, seguir siendo administrados principalmente por el sector privado.