Por: Gonzalo Ruiz
Fuente: Diario Gestión
Fecha: 22 – 05 – 2019
Según la teoría de los bienes públicos, quienes utilizan las infraestructuras, espacios públicos, parques y jardines, por lo general, no tienen los incentivos para revelar su disposición a pagar por ellos, a pesar de utilizarlos. Precisamente, el “free rider” o “polizonte” es aquel que se beneficia de que estos bienes sean provistos, sin pagar por ellos.
En un mundo de “free riders”, la provisión de bienes públicos requiere necesariamente de mecanismos coercitivos (impuestos, peajes, arbitrios) para poder financiarse. No es extraño, por tanto, en el caso de las carreteras, que el cuestionamiento de los cobros por peaje genere tanto respaldo popular, en especial de quienes usan más intensiva mente la infraestructura.
El Concejo Municipal aprobó iniciar la renegociación de los peajes de los contratos de concesión suscritos con Rutas de Lima y Lamsac (proyecto Línea Amarilla). La decisión fue tomada a iniciativa del alcalde cuyos niveles de aprobación cayeron de 70% a 54% entre enero y mayo, y luego de la revelación de testimonios que involucrarían a la anterior administración edil en actos de corrupción que actualmente son materia de investigación en el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Los consorcios Lamsac y Rutas de Lima han expresado su disposición a negociar. Es importante tener en cuenta de que los accionistas mayoritarios de Lamsac y Rutas de Lima (Vinci Highways y el fondo Brookfield, respectivamente), tomaron el control de dichos consorcios recién en el 2016 y no se encuentran involucrados en ninguno de los casos denunciados. Ante cualquier decisión extrema, como la anulación de los peajes, con relativa facilidad, obtendrían resultados favorables en cortes internacionales de arbitraje. Las demandas por indemnización ascenderían a S/ 5 mil millones de inversiones, S/ 2.7 millones de endeudamiento por ambas concesiones, más el lucro cesante; costos que recaerían en los contribuyentes
De otro lado, una eventual reducción o anulación de peajes producto de la negociación no sería gratuita. El monto recaudado por peajes por ambos proyectos en el 2018 equivale al 30% del presupuesto ejecutado por la municipalidad en dicho año. Eso quiere decir que, de anularse los peajes, la municipalidad requeriría aumentar en 30% sus ingresos (vía impuestos) para poder garantizar la continuidad de ambos proyectos. Ello sin considerar que ya una parte significativa de los recursos de la comuna se destina a inversiones en obras de transporte necesarias para la ciudad (47% en el 2018). Asumir una carga adicional, implicaría postergarlas, hacerlas con menor calidad o trasladar el costo a quienes no necesariamente las utilizan.
Quienes utilizan la infraestructura deben ser los que paguen por el servicio que reciben. El trasladar la carga del financiamiento de las carreteras al resto de contribuyentes, implicaría que quienes no tienen vehículos subsidien indebidamente a los que sí los tienen. Eso además de ineficiente, en principio, sería injusto y regresivo, afectando relativamente más a los ciudadanos de menores ingresos.