Alvaro Monge. socio de Macroconsult
Las condiciones laborales que enfrentan los jóvenes en el país son difíciles. La información preliminar de la ENAHO del año 2021 permite estimar algunos ratios que llaman la atención. Por ejemplo, para el caso de un joven de 19 años, se calcula que tendrá una probabilidad cercana al 30% no estudiar ni trabajar. Asimismo, si es que tiene la suerte de acceder a un puesto de trabajo, enfrentará una probabilidad cercana al 90% de ser informal o una probabilidad cercana al 60% de ganar menos que la RMV durante ese año. Muchas de estas dificultades tienen su originen en las restricciones propias que enfrenta el joven al momento de buscar su primer empleo. Un mercado laboral que no es amigable con la generación de empleo formal o una economía que crece por debajo de los niveles que permitiría absorber la demanda por puestos de trabajo. No obstante, como argumenta James Heckman (nobel de Economía), los orígenes pueden ser más profundos y encontrarse a lo largo del ciclo de vida y asociados con el proceso de construcción de capital humano.
En Macroconsult hicimos el ejercicio de buscar a este joven en el pasado y nos preguntamos sobre cual era su rendimiento educativo cuando tenía alrededor de 13 años y cuando tenía alrededor de 7 años. Encontramos que en ambos periodos presentaba una probabilidad 80% de no haber logrado un aprendizaje satisfactorio en lenguaje y de 90% de no haberlo hecho en matemáticas. Del mismo, si retrocedíamos aún más y veíamos que condiciones enfrentó cuando tenía menos de 5 años nos dimos cuenta de que enfrentó una probabilidad de 30% de padecer desnutrición crónica, cerca de 50% de tener anemia y casi 60% de vivir en un hogar pobre. Bajo estas circunstancias entendimos que era muy difícil esperar un resultado diferente al que observamos hoy respecto de desempeño laboral.
Justamente son ejemplos como estos los que permite argumentar sobre la rentabilidad social de la inversión en intervenciones vinculadas al desarrollo infantil temprano (DIT). En el caso peruano, de acuerdo con estimaciones de Macroconsult, el presupuesto en DIT al 2021 alcanzó casi los S/. 11 mil millones (1.2% del PBI o USD 1,200 por niño menor de 5 años). Al comparar esta cifra con países de América Latina, difícilmente podemos argumentar que el Perú, de acuerdo con sus posibilidades, gasta poco en DIT. Tampoco podemos argumentar que sus intervenciones estén mal diseñadas. Lamentablemente, la apreciación es distinta a nivel de gestión operativa que es donde las brechas de calidad se profundizan y condicionan la efectividad de las intervenciones. Por ello, si creemos que el DIT es crucial para el desarrollo y para la protección efectiva de las nuevas generaciones y sus familias, es necesario plantear una agenda que aborde prioritariamente los aspectos de gestión sobre todo luego de los efectos que tuvo la pandemia en la operación de estos programas.