Instituciones y Contratos

Por: Gonzalo Ruiz

Fuente: Diario Gestión

Fecha: 29 – 07 – 2020

Douglas North, Premio Nobel de economía 1993, definía a las instituciones como el conjunto de reglas formales e informales que rigen la interacción social, económica y política en una sociedad. Según él, los cambios institucionales son más importantes que los tecnológicos para explicar el progreso económico de un país. En el caso del Perú, una institución clave instaurada desde los noventa y que permite explicar buena parte del desarrollo económico experimentado desde entonces, es el respeto de los contratos y la imposibilidad de que estos sean modificados por ley (artículo 62 de la Constitución). Esta institución “blinda” los acuerdos, pactos, convenios entre privados, de cualquier intento por parte del Estado de modificar los términos contractuales vigentes vía una ley o una regulación. Con ello, en principio, se ha buscado dar certidumbre a las relaciones comerciales vigentes, acuerdos de inversión o financiamiento, entre particulares.

Sin embargo, en los últimos meses se han venido gestando un conjunto de iniciativas legislativas promovidas por el Congreso de la República que pueden significar un serio retroceso. El primer ejemplo, acaso el más claro, está relacionado con la Ley 31018 que suspendió el cobro de peajes en la red vial nacional; desconociendo abiertamente lo establecido en diversos contratos de concesión, con relación al derecho de los concesionarios a recibir una compensación. Si bien este proyecto ya se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, el precedente sentado por el Poder Legislativo es preocupante.

Sin embargo, existen otros proyectos en el Congreso, que amenazan la estabilidad y certidumbre de los contratos. Algunas iniciativas pretenden modificar los términos contractuales vigentes de las relaciones de crédito en el sector financiero (estableciendo plazos de gracia adicionales para el pago de cuotas no contemplados originalmente), la inexigibilidad de cobros por alquileres o de pagos por servicios públicos (telecomunicaciones, energía eléctrica), entre muchos otros. Un tema recurrente en varias de estas iniciativas ha sido el interés del Congreso por regular precios. Así, por ejemplo, diversos proyectos de ley buscar controlar tasas de interés, modificar planes tarifarios en telecomunicaciones (acumulación de saldos en planes pospago), fijar pensiones educativas (escuelas y universidades) y precios de los medicamentos.

Más allá de los riesgos institucionales, los efectos económicos de estas iniciativas son negativos y contraproducentes. Cuando las partes que intervienen en un contrato, no obtienen los resultados que esperaban obtener inicialmente, sus incentivos y percepción de riesgo cambian. En futuras transacciones, los precios que pactarán reflejarán esa mayor incertidumbre. Los proveedores probablemente cobrarán más a sus clientes, las inversiones serán menores o quienes las hagan, exigirán un mayor retorno para compensar el mayor riesgo asumido. En otros casos, especialmente en aquellos en los que las regulaciones busquen fijar precios, algunos agentes se verán empujados hacia la informalidad, propiciando la creación de mercados “negros”. En síntesis, un salto hacia atrás en institucionalidad.

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