Editorial: ¿Retomando el control del Estado en Madre de Dios?

Parece que esta vez el gobierno está decidido a recuperar una zona que ha estado controlada muchos años por los productores de oro ilegal.

La minería ilegal es uno de los mayores problemas que enfrenta el Perú y tiene su máxima expresión negativa, por sus impactos ambientales y sociales, en Madre de Dios. Es el espacio donde se realiza la minería aurífera aluvial, altamente contaminante y destructiva para con el ambiente, y que se ha expandido dramáticamente en la última década, facilitada por la Carretera Interoceánica y ante el incremento del precio del oro en los mercados internacionales. Según un estudio realizado por investigadores del Carnegie Institution de Estados Unidos, el desarrollo de esta actividad ha causado la pérdida de 68 mil hectáreas de cobertura boscosa hasta 2016:  cerca de la mitad del área deforestada (30,000 hectáreas) ocurrió en la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural de Tambopata.

El problema es de magnitud mayor y por ello el Estado ha hecho esfuerzos para atenderlo, aunque sin éxito, pues se concentró en medidas parciales de interdicción de insumos (combustibles y otros) o efectistas, como los esporádicos operativos de destrucción de dragas realizados durante el gobierno de Ollanta Humala. Este historial de fracasos frente a la ilegalidad, sin embargo, podría revertirse con el Operativo Mercurio 2019, el más reciente esfuerzo del Estado para reestablecer su presencia en una zona que, en la práctica, ha funcionado como área liberada, y donde la delincuencia mantiene el control, incluso en acuerdo con autoridades locales y regionales.

Este operativo es hoy parte de lo que parece una agresiva estrategia integral y articulada del Estado para erradicar la minería ilegal en Madre de Dios. La declaratoria de emergencia por 60 días de los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, con la consecuente suspensión de algunos derechos constitucionales (como a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito), así como el desplazamiento masivo de agentes de las fuerzas armadas y policiales en el territorio, sugieren que la batalla no tendrá tregua en ningún frente.

La primera etapa de la intervención se ha iniciado el martes de esta semana y ha implicado el desplazamiento de hasta 1,200 policías a la zona denominada La Pampa, en el distrito de Huepetuhe de la provincia del Manu, el punto de mayor actividad aurífera ilegal. El objetivo es desalojar a los mineros y destruir campamentos y equipos en los ámbitos de explotación ilegal, y allanar locales de compra y venta de oro ilegal y combustibles ubicados a lo largo de la carretera Interocéanica, en el poblado de Mazuco y cercanías. Además, para apoyar a la policía frente a posibles protestas o disturbios que los mineros puedan realizar, 300 militares se han desplazado hasta Puerto Maldonado para resguardar la seguridad en locales públicos. En una segunda etapa se instalarán dos puestos de vigilancia permanente con participación de la policía, la marina, la fuerza aérea y la fiscalía, para aplacar rápidamente los intentos de rebrote de la actividad, como anteriormente ha ocurrido. La medida tendrá vigencia de dos años.

Desde Macroconsult saludamos este nuevo esfuerzo que el Estado realiza para implementar esta medida, pues consideramos que se trata de un hecho sin precedentes para atender la problemática socioambiental en la región y reestablecer el principio de autoridad en una zona devastada por la minería ilegal vinculada al oro. Si bien antes hubo esfuerzos importantes en la misma línea, han sido de alcance temporal limitado y con impactos que rápidamente se han revertido. La nueva estrategia, a diferencia, parece que adopta un enfoque integral que ofrece mantener la presencia del Estado de modo permanente, mostrando en especial la decisión política al más alto nivel, expresada en el uso constitucional de la fuerza del Estado para reprimir esta actividad ilegal.

Para complementar la medida, que por ahora va en la dirección correcta, es preciso que el Estado anticipe consecuencias que podrían surgir y plantee acciones para atenderlas. Desde el lado ambiental, es posible que se genere un efecto desplazamiento de la minería ilegal hacia espacios actualmente no cubiertos, aumentando incluso la presión sobre el propio ámbito de la Reserva Natural Tambopata. Si esto llegara a producirse, la devastación ambiental podría afectar áreas más remotas. Desde el punto de vista social, parece incuestionable que la expansión de la minería ilegal explica, en alguna medida, las bajas tasas de pobreza monetaria que actualmente enfrenta Madre de Dios. Por tanto, el contingente de personas que serán desplazadas podría ver afectados sus ingresos si no se desarrollan actividades laborales alternativas. De hecho, según cálculos de Macroconsult, la mitad de la producción de Madre de Dios proviene del oro ilegal, con un impacto notable en el empleo. Por tanto, la necesidad de hacer sostenible en el tiempo la erradicación de la minería ilegal es un reto mayor que tendrán que enfrentar los sucesivos gobiernos. Asimismo, el potencial corruptor de la actividad continúa estando allí, lo que va a demandar una política activa y consistente en el tiempo en el uso de la fuerza, para demostrar que el Estado peruano no tolera esta actividad ilegal.

Editorial: ¿Retomando el control del Estado en Madre de Dios?