Editorial: Prueba a la reserva moral del Perú

La historia nos da una nueva oportunidad para luchar frontalmente contra el flagelo de la corrupción.

La acción de dos funcionarios públicos ejemplares, la fiscal Rocío Sánchez Saavedra, quien solicitó permiso para grabar conversaciones telefónicas de autoridades del Poder Judicial de la Región Callao; y el juez Cerapio Roque Huamancóndor, quien la autorizó; puso al descubierto una red de corrupción que no tiene precedente en nuestra historia moderna.

Involucra, hasta ahora (aún no se ha revelado el contenido de la totalidad de las grabaciones), a miembros del Poder Judicial del más alto nivel, como Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, hoy preso; y César Hinostroza, Juez Supremo; a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir jueces, entre los que están Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez; y, a congresistas, entre los que se encuentran Héctor Becerril (Fuerza Popular) y Mauricio Mulder (APRA).

Cuando se puso al descubierto la red de corrupción que habían montado las empresas constructoras brasileras, especialmente Odebrecht, dijimos en nuestro reporte que esto presentaba al país una oportunidad única para dar un golpe mortal a la corrupción, si se llevaban a cabo investigaciones que permitieran identificar y castigar a los culpables. Con el tiempo hemos visto cómo la oportunidad está desapareciendo por la acción de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial. El sentido del deber y la valentía de la fiscal Sánchez y del juez Roque, nos vuelve a entregar la oportunidad para acabar con este flagelo de la corrupción.

Lo que está en juego es esencial para el futuro democrático del Perú y su aspiración de ser un país moderno. Si con este destape sucede lo mismo que con el escándalo Odebrecht, se acentuará el rechazo de la población hacia la política y los políticos, y se estarán creando las condiciones propicias para un salto al vacío en las elecciones de 2021, donde un candidato antisistema y radical va a tener todo a su favor.

El Presidente Martín Vizcarra parece ser consciente de la gravedad de la situación que se ha puesto al descubierto y del riesgo que se corre, ya que desde un primer momento ha tomado la iniciativa. En primer lugar, alertó a la población sobre la gravedad de lo acontecido. Segundo, nombró una Comisión presidida por Allan Wagner, con el encargo de entregar en el plazo de 12 días un planteamiento dirigido a la reforma del sistema de justicia. En tercer lugar, y probablemente atendiendo un pedido público que Wagner hizo a los miembros del CNM para que todos renuncien (que ellos han desoído), convocó a una reunión especial del Congreso de la República para el viernes 20 de julio, con la finalidad de destituir a todos los miembros de esta institución.

Vizcarra parecía destinado a presidir una transición larga y crecientemente difícil. Sin embargo, su destino puede cambiar si se consolida a la cabeza de la cruzada anticorrupción que el país necesita con urgencia. Para ello deberá mantener la comunicación directa con la población, buscando movilizarla en apoyo de su causa. En Brasil, la movilización masiva de la población hizo posible que el juez Sergio Moro haya puesto en prisión a cientos de políticos y empresarios, que se destituyese a la Presidenta Dilma Rousseff y que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva vaya a prisión. Sin embargo, en el Perú, la reacción de la población al escándalo Odebrecht ha sido de rechazo y alejamiento, fundamentalmente porque no tuvimos un líder decidido, que no estuviera bajo sospecha, y se pusiera al frente de la lucha anticorrupción. El Presidente Vizcarra, con su visible austeridad de persona de clase media, que no tiene signos exteriores que levanten suspicacia, está en condiciones de ponerse al frente de esta cruzada y lograr el apoyo activo de la población.

El comportamiento del Congreso es una incógnita, por la mención de los congresistas identificados en los audios y los que pudieran serlo a futuro. Sin embargo, Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, que también ha sido mencionada, tiene como única forma de limpiar su nombre, en caso de ser inocente, aliarse con el Presidente Vizcarra y apoyarlo incondicionalmente en su cruzada. De no hacerlo, y si el Congreso se opone o mediatiza las propuestas del Ejecutivo, se confirmarán las sospechas, lo que puede acabar definitivamente con sus aspiraciones políticas.

Una real reforma del Poder Judicial, que lo limpie de corruptos, no puede ser confiada a ellos mismos. Para lograrla se requiere la acción conjunta del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, actuando en armonía; y el apoyo activo de la población. Si desaprovechamos esta nueva oportunidad, se estará poniendo en riesgo el futuro democrático del país, así como los avances económicos que se han logrado.

Los últimos acontecimientos apuntan en la dirección correcta. Ha renunciado el Presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, lo que deja en el limbo el proceso de reorganización que había iniciado. Seis de los siete miembros del CNM, incluyendo su presidente, han renunciado, probablemente convencidos de que mañana serían todos destituidos por el Congreso. Mientras tanto, de los accesitarios llamados a reemplazarlos, dos han renunciado y tres están seriamente cuestionados. Por otro lado, parece que mañana, el Congreso va a mostrar cooperación con el Ejecutivo, lo que es una buena señal. El proceso recién comienza y se verá en el camino si esta colaboración se mantiene. Por su parte, el Presidente Vizcarra ha avalado las marchas de protesta que se están organizando en todo el país.

Editorial: Prueba a la reserva moral del Perú