Editorial: Minería, ¿matando la gallina y los huevos?

La minería es un sector altamente competitivo en nuestro país y genera un gran número de beneficios. Sin embargo, se encuentra nuevamente bajo ataque.

La minería es la actividad económica que más aporta a la recaudación del impuesto a la renta empresarial (20% del total) y a la disponibilidad de divisas (59% del total de exportaciones). Es la que mayores salarios paga (S/ 4,096 mensual en la minería formal contra S/ 1,405 promedio nacional y S/ 3,202 para el quintil superior). Además, contribuye de manera importante al aumento de la infraestructura en zonas alejadas, donde usualmente el Estado no figura o llega tarde.

La minería alcanzó esta posición por el gran aumento que registró la inversión en el sector en las tres últimas décadas cuando, como resultado de las reformas económicas, se abrió la economía y promovió la inversión privada. El Perú se convirtió entonces en el lugar preferido para la inversión minera a escala mundial. Así, alcanzó un lugar de privilegio como productor de diversos minerales: segundo productor mundial de cobre, plata y zinc; tercero en plomo; cuarto en estaño, molibdeno y andalucita; quinto en diatomita; y sexto en oro.

Sin embargo, en los últimos años, se produjo un conjunto de conflictos dirigido a impedir que se concrete nueva inversión minera. Los casos más importantes son Tambo Grande (Piura), abandonado por la empresa Manhattan, cuyos yacimientos de oro están siendo explotados por la minería ilegal; Conga (Cajamarca), también suspendido y abandonado; Santa Ana (Puno), suspendido unilateralmente por Decreto Supremo durante el gobierno del expresidente Alan García, y por lo que un tribunal arbitral internacional obligó al Perú a pagar una reparación de US$ 30.4 millones; y Tía María (Arequipa), con suspensión temporal de licencia de construcción y futuro incierto a corto plazo. Recientemente, las acciones se han extendido en contra de yacimientos en explotación como Las Bambas (Apurímac), Quellaveco (Moquegua) y otros de menor tamaño en el llamado Corredor Minero. Estos conflictos están afectando la posición del Perú como destino preferente para la inversión minera, lo que se manifiesta en la poca probabilidad de que se ejecuten nuevos proyectos de importancia en los próximos años.

Se ha llegado a esta situación como consecuencia de la acción de una minoría política, de abierta vocación antiminera, que objeta esta actividad utilizando dos argumentos principales: el supuesto daño que causa al ambiente y la incompatibilidad entre agricultura y minería, por lo general vinculada a riesgos de contaminación y conflictos en el uso del agua. Este movimiento ha sido exitoso a dos niveles: en lo especifico, porque supo identificar y unir a su causa, para cada caso, legítimas demandas locales, oportunismos regionales e intereses diversos, impidiendo que cuatro proyectos se hayan podido ejecutar a pesar de haber cumplido con todos requerimientos establecidos por ley; y promoviendo el sentimiento antiminero en la población, que se expresa cada vez en mayor proporción (en una encuesta reciente sobre Tía María, hecha en Arequipa, más de la mitad de la población rechazó el proyecto, pese a que la ciudad se beneficia de manera importante de una mina de clase mundial como Cerro Verde). Un elemento que ha contribuido de forma decisiva al éxito de este movimiento es la conducta de sucesivos gobiernos sin voluntad política para hacer que se cumpla la ley e imponer el orden público, por el contrario, cedieron a la acción de fuerza de los antimineros. Esto parece haberse reforzado en el presente gobierno. Además, cuando se han negociado acuerdos para suspender las medidas de fuerza, las autoridades han incumplido su parte, con lo cual ahora carecen de credibilidad.

De producirse retrocesos en la inversión y exportación minera, se generarían impactos negativos importantes sobre la economía: se afectaría el crecimiento futuro, por la menor inversión en exploración de nuevos yacimientos; ocurriría una baja de la producción conforme se agoten los depósitos conocidos; el impacto negativo ocasionaría menor actividad sobre proveedores y contratistas; y, por el efecto sobre la demanda interna de la declinación de los ingresos provenientes de este sector. Se impactaría de forma negativa los ingresos tributarios, lo que, teniendo en cuenta la baja presión tributaria, limitaría aún más la capacidad del Estado para cumplir con las funciones que le demanda la población.

Lo que está en juego los próximos años no es poco, pues ya se están reflejando las tendencias contrapuestas sobre cómo aprovechará el país sus ventajas comparativas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), ocupamos lugares preferenciales en las reservas mundiales de varios minerales, y estas corren el riesgo de quedarse bajo tierra si las tendencias antimineras tienen éxito.

Editorial: Minería, ¿matando la gallina y los huevos?