Editorial: Incertidumbre política: ¿por uno o dos años?

Luego de tres años de enfrentamientos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, se ha llegado a un abrupto punto de quiebre con la decisión del presidente Martín Vizcarra de proponer al Congreso una reforma constitucional para adelantar un año las elecciones generales.

Luego de tres años de enfrentamientos casi permanentes entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, se ha llegado a un abrupto punto de quiebre con la decisión del presidente Martín Vizcarra de proponer al Congreso una reforma constitucional para adelantar un año las elecciones generales.

Aún cuando el presidente Martín Vizcarra parece haber tomado por sorpresa a la mayoría de las fuerzas opositoras en el Congreso, había factores cada vez más evidentes que hacían esperar un golpe de timón por parte del Ejecutivo. Por un lado, la incertidumbre política está produciendo consecuencias negativas cada vez más acentuadas sobre la actividad económica. Este hecho debe preocupar, porque la desaceleración del crecimiento que se viene registrado se va a reflejar pronto en el campo social, especialmente en el aumento de la pobreza (tasas de crecimiento económico por debajo del 3.5%, anual deterioran la mayoría de los indicadores sociales). Peor aún, si la situación política no se normaliza, no hay razón para esperar que la perspectiva económica para los próximos dos años mejore (a no ser por un boom externo, que no se espera).  Lo más probable es que esta continúe deteriorándose y, a la larga, la culpa por estos resultados la tenga que asumir el presidente Vizcarra.

Por otro lado, queda claro que la mayoría en el Congreso ha burlado el acuerdo que hiciera de aprobar las leyes que, bajo el pedido de confianza, le presentara el Ejecutivo para la realización de la reforma política, al dejar de lado dos componentes esenciales de la propuesta: la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial. En consecuencia, se debía esperar una respuesta del Ejecutivo. Lo que ha sido inesperado es que el presidente, en lugar de intentar cerrar el Congreso o llamar a un referendo sobre las reformas no aprobadas, decidiera pedir que todos se vayan, incluido él.

La decisión del presidente Vizcarra ha abierto un espacio de alta incertidumbre que puede acentuarse o disminuir, dependiendo de la respuesta que las fuerzas políticas den a la crisis generada. Si estuviéramos ante políticos que ponen al Perú por delante de sus intereses particulares, lo que deberíamos esperar es un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, que garantice la gobernabilidad del país en los próximos dos años. Este debería incluir, entre otros, la aprobación de todas las reformas políticas propuestas, de repente mejorándolas con la inclusión de la Cámara de Senadores, el levantamiento de la protección al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y, en una situación óptima, un gabinete de consenso.  Sin embargo, para que esto sea posible, se requiere superar la profunda desconfianza que ahora existe y el cambio de conducta de algunos de los líderes. Por ello, esta perspectiva parece remota. El factor que pudiera hacerlo posible es que Keiko Fujimori, en el caso de ser liberada, encabezara, junto con el presidente Vizcarra, un esfuerzo en esta dirección. Desde el punto de vista económico, es el escenario más deseable.

Un segundo escenario, con mayor probabilidad que el anterior, es que el Congreso apruebe la propuesta del presidente Vizcarra y se produzcan elecciones generales adelantadas. Hay dos factores que podrían apoyar esta decisión: el primero, la opinión pública, que sería la gran protagonista y, muy posiblemente, va a apoyar al presidente. Si el Congreso retrasa la decisión o da señales de que la va a rechazar, el mandatario, en unión con los gobernadores regionales, podría alentar movilizaciones en todo el país que dejen clara la voluntad popular. El segundo, el instinto de supervivencia de los partidos de oposición, especialmente de Fuerza Popular. Este partido está arriesgando pasar de ser la principal fuerza política a la irrelevancia luego de las próximas elecciones. El apoyo de Fuerza Popular al adelanto de las elecciones se puede reforzar en el caso de producirse la libertad de Keiko Fujimori, porque ella sería la candidata natural a presidenta de su partido y a congresista, lo que permitiría que Fuerza Popular evite una catástrofe y continúe siendo una de las fuerzas políticas principales. Si este escenario se da, y tenemos elecciones normales, la incertidumbre política se habría reducido en un año, con los beneficios que ello tiene sobre el desenvolvimiento económico. No se debe descartar que una mayoría del Congreso, contra la voluntad popular y sus propios intereses, desestime la propuesta del Gobierno. Esto prolongaría y profundizaría la crisis, abriendo escenarios difíciles de evaluar.  En este caso, la economía acentuaría su desaceleración.

El Perú se encuentra ante una crisis de gobernabilidad mayor. En las últimas dos décadas y media, hemos hecho progresos significativos en lo económico y social. Alcanzamos una de las tasas de crecimiento más altas de Latinoamérica y se ha exhibido una envidiable estabilidad macroeconómica, lo que ha permitido que se forme una pujante clase media. Este progreso se exhibe al mundo con la impecable organización de los Juegos Panamericanos y con resultados deportivos que nos enorgullecen. Lo que no acompañó este avance, impide que el progreso sea aún mayor y amenaza con que este se detenga, son los desarrollos en el campo político y el fracaso de la lucha contra la corrupción por parte de los sucesivos gobiernos. A dos años del Bicentenario de nuestra vida como República, corresponde a los líderes de las fuerzas políticas deponer soberbias, rencores y desconfianzas, para volver a enrumbar al país por el camino del progreso.

Editorial: Incertidumbre política: ¿por uno o dos años?