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La economía acentuó su contracción en mayo, mes en que el IMACEC  registró una baja de 15,3%

Economía: La economía acentuó su contracción en mayo, mes en que el IMACEC  registró una baja de 15,3%. En la medida que las restricciones a la movilidad siguen presentes y, de hecho, se incrementaron a mediados de mayo, es seguro que la contracción en junio será algo mayor y es poco probable que cambie mucho en julio, ya que las cuarentenas difícilmente se levantarán antes de agosto. Esto garantiza caídas de dos dígitos en el PIB del segundo y tercer trimestres y una contracción que difícilmente será inferior a 7,5% en el año pero que, fácilmente, podría llegar al 9%. El desempleo en mayo llegó a 11,2%, pero no refleja la realidad del mercado del trabajo. La ocupación se redujo en 1,5 millones en doce meses y la fuerza de trabajo en 1,2 millones. Además, hay casi 700 mil trabajadores suspendidos, por lo que el desempleo “verdadero” está sobre 20%. La inflación se mantiene controlada ante la debilidad de la demanda y la baja de los combustibles. A junio se completaron tres meses seguidos de inflación nula o negativa. En el año puede terminar en torno a 2%. Los programas de apoyo a las familias tuvieron otro incremento luego del acuerdo por US$12.000 millones alcanzado en junio. El déficit fiscal bordeará el 10% este año.

Política: No obstante los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la oposición, que controla ambas cámaras del Congreso, la relación entre ambos es compleja, lo que acentúa la debilidad del gobierno que, aunque ha recuperado algo de apoyo desde octubre pasado, éste se mantiene en el rango de 20% a 30%. El apoyo a su gestión de la pandemia es solo un poco mejor, aunque el rebrote de fines de abril parece estar, finalmente, bajo control. En lo que puede ser el hecho más decisivo para el futuro de las instituciones del país, la Cámara de Diputados aprobó, con votos de la coalición de gobierno una reforma constitucional que permitiría la posibilidad de retirar parte de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones a los afiliados. Esta iniciativa ha sido rechazada de manera transversal por los economistas, pero es probable que llegue a ser ley, dañando de manera permanente las pensiones que podrán obtener quienes hagan uso de esta facultad. En buena medida, esta iniciativa, más que apoyar a los trabajadores en problemas por la pandemia, tiene como objetivo destruir a mediano plazo el sistema de capitalización individual que hoy día cuenta con US$200.000 millones de ahorro y explica parte de la solidez macroeconómica del país.

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