Proporcionalidad y fiscalización municipal

Por: Gonzalo Ruiz

Fuente: Diario Gestión

Fecha: 19 – 06 – 2019

Caso 1: La Municipalidad Provincial del Callao clausura temporalmente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque este habría incumplido una ordenanza que obligaba a colocar en un lugar visible un cartel que advierta sobre la prohibición de actos de discriminación.

Caso 2: La Municipalidad Distrital de Jesús María ordena el cierre temporal del Centro Comercial Real Plaza Salaverry por supuestamente haber cometido actos de discriminación contra un adulto mayor

Caso 3: La Municipalidad de San Isidro suspende el permiso otorgado a la empresa Movo Mobilitas Perú para el alquiler de scooters por haber incumplido un acuerdo según el cual se comprometía a que estos circularían por la calzada de las vías metropolitanas

Todos estos casos tienen en común el hecho de que, en ejercicio de sus potestades sancionadoras, funcionarios de gobiernos locales decidieron optar por las medidas más extremas, ante la detección de una falta administrativa. Nadie duda de la importancia de que a todo nivel de gobierno se promuevan políticas que garanticen el respeto de derechos a la no discriminación, a la seguridad ciudadana o vial, entre muchos otros. Sin embargo, los mecanismos de coerción y sanción que se utilicen para ello deben ser razonables y proporcionales.

Los gobiernos municipales tienen a su disposición un conjunto de instrumentos para hacer cumplir la ley. Entre ellos, están las advertencias, amonestaciones, sanciones pecuniarias y, por supuesto, también la suspensión o cierre de la operación. Su uso debe evaluarse cuidadosamente considerando un adecuado equilibrio entre la finalidad disuasiva de la sanción y el riesgo de imponer costos excesivos o innecesarios a la sociedad. En otros términos, para matar una mosca podemos utilizar un cañón; sin embargo, ¿es eso realmente necesario?

Esta evaluación es especialmente relevante cuando la medida que se impone no solo afecta a la empresa sancionada sino que genera efectos negativos sobre terceros. En el caso del cierre de un aeropuerto, no solo se ve afectado el operador del terminal sino los usuarios del servicio: pasajeros, dueños de la carga. En estos casos, los costos que se imponen a la sociedad son significativos. La sanción debe asegurar que los beneficios del cumplimiento de la norma (colocar un cartel informativo a los pasajeros) superen los costos; lo cual en nuestro ejemplo, claramente no ha sucedido.

En los últimos años, el Gobierno ha hecho avances importantes en la definición de medidas que promuevan una mejora de la calidad regulatoria, principalmente en el gobierno central. Indecopi, por su parte, ha mostrado avances importantes en el desmantelamiento de barreras burocráticas impuestas por los gobiernos locales. Una tarea pendiente es que este trabajo no se limite al ámbito de la regulación y se extienda al de su correcta ejecución, mediante el uso racional y proporcional de las sanciones. Esto pasa, entre otros aspectos, por capacitar a los funcionarios públicos, en el uso de herramientas de análisis costobeneficio y su aplicación efectiva en la supervisión y fiscalización.

Proporcionalidad y fiscalización municipal