El autogolpe perpetrado el 7 de diciembre por Pedro Castillo fue un ataque frontal a la democracia que hoy nos obliga a atravesar por una transición política que es atacada por una coalición de fuerzas; que no tiene líderes visibles, pero sí posiblemente promotores en la izquierda radical: grupos politizados que buscan crear condiciones para capturar el poder por la fuerza; influencia externa de Bolivia, Colombia, México y Argentina que requiere una respuesta firme y clara; y, economías ilegales vinculadas a la minería y el narcotráfico. No obstante, tomando en cuenta el alto porcentaje de aprobación que tenía Castillo en el interior del país y la baja aprobación del Congreso, eran previsibles manifestaciones en contra del nuevo gobierno generando un terreno fértil para el oportunismo de iniciativas antidemocráticas.
Las manifestaciones que hemos visto en los últimos días distan de ser pacíficas y se mezclan con gravísimos actos delincuenciales de vandalismo, toma y destrucción de activos estratégicos como los aeropuertos, así como ataques a la Fiscalía, Poder Judicial y Ministerio Público, e incluso en contra de la propia población.
Los pedidos que se formulan son una plataforma no negociable: renuncia de la presidencia, cierre del Congreso, adelanto de elecciones al 2023, liberación de Castillo, Asamblea Constituyente, limitando cualquier opción de diálogo. Mientras tanto, el nuevo gobierno si bien ha respondido amparado en el uso legítimo de la fuerza ha generado víctimas mortales, lo que en algunos casos puntuales, le puede abrir un flanco ante la opinión pública nacional e internacional.
El rol de quienes ejercen hoy día el Ejecutivo, con el voto de confianza del Congreso, es actuar de acuerdo con la Constitución y que, en momentos de crisis, ella misma da las facultades para adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. En esa situación se está dando un desequilibrio informativo, fundamentalmente en redes sociales, donde se reivindica el accionar violento y delincuencial de algunos grupos frente la responsabilidad de mantener el orden público, con la mesura e inteligencia necesaria, a las fuerzas del Estado.
En Macroconsult defendemos la democracia porque es el mejor sistema político para defender la vida, mantener la libertad, proteger los derechos humanos, la propiedad privada y promover la economía de mercado. El país debe lamentar profundamente la pérdida de vidas y esperar el retorno a la tranquilidad en el más breve plazo. Es clave para ello encauzar la discusión pacífica de ideas en un proceso electoral transparente y respetado por todos, con un cronograma que debe ser confirmado pronto.
One comment
Milagros Samaniego
enero 14, 2023 at 12:38 pm
Muy buen análisis. Esperemos que el Ejecutivo tenga la suficiente solidez para enfrentar la crisis con las armas que la Construcción le confiere.