Editorial: Petroperú, las hojas por el rábano

La empresa Petroperú está nuevamente envuelta en una discusión mediática. Sin embargo, debemos ver aguas arriba.

Se está produciendo una nueva discusión mediática sobre el proyecto de la Refinería de Talara y el alto nivel de endeudamiento de Petroperú. Diseñado con una inversión más baja en los planes iniciales, fue implementado por el gobierno de Humala de manera poco responsable y dejado a la administración Pedro Pablo Kuczynski sin un esquema cerrado de financiamiento a largo plazo. Además, con conflictos con el supervisor y con graves retrasos en las licitaciones de las unidades auxiliares, sin las cuales no funciona la refinería.

Luego de una evaluación realizada por el directorio de Petroperú, encabezado por Augusto Baertl, se decidió proseguir con el proyecto buscando solucionar las graves deficiencias de su estructuración bajo el convencimiento de que era más costoso cancelarlo que seguir adelante y buscar su optimización.

Focalizar la discusión, como se pretende hacer ahora, sobre si el Tesoro Público debe aportar más recursos a la empresa para mejorar su posición de endeudamiento, en nuestra opinión no es el tema central. La deuda ya existe en el balance de la empresa y la alta cotización que tienen los bonos de Petroperú emitidos en el mercado internacional, reflejan que el mercado la considera cuasisoberana, bajo el supuesto de que existe una garantía implícita del gobierno peruano para atender las obligaciones de la empresa, en caso se requiera.

La preocupación central debe ser mirar aguas arriba (upstream, en la jerga petrolera) para ver la forma en la que se puede aumentar la baja rentabilidad de la refinería, ya que esta se diseñó para tratar crudo pesado, que es el que mayormente se puede producir en la selva. Esto supone, necesariamente, revertir la caída sostenida de la producción nacional de hidrocarburos para evitar más importaciones de crudo. Cumplir con el objetivo requiere la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) que permita mejorar los incentivos para una mayor producción. El proyecto de la nueva LOH se encuentra en el Congreso pendiente de aprobación desde hace casi dos años y el Ejecutivo, lamentablemente, no ha mostrado un interés continuado en su avance. Supone también que la infraestructura disponible para la movilización de ese petróleo, el Oleoducto Norperuano, se encuentra en condiciones seguras de operación, tanto por su estado de conservación (responsabilidad de Petroperú) como de seguridad (responsabilidad del Estado), para así prevenir los continuos atentados mediante cortes realizados por sujetos hasta la fecha no identificados y que no han recibido el castigo previsto por el marco legal. Además, se requiere definir pronto las condiciones de contratación de los lotes más próximos a operación en la selva, tales como el 192 o el 64, teniendo este último pendiente aún la evaluación de sus instrumentos ambientales.

Se han anunciado nuevos preacuerdos adoptados con los contratistas, los mismos que, seguramente, se harán públicos como parte de la mayor transparencia exigida a Petroperú, para así lograr evitar contingencias o reclamaciones por sobrecostos que pueden ser abultados dada la magnitud de la obra. De alguna manera, las negociaciones realizadas deberían tener el respaldo institucional suficiente, lo cual podría implicar el soporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el apoyo, pero serio, de la Contraloría General de la República.

Por último, es claro que existe un amplio espacio para la mejora operacional y de rendición de cuentas en Petroperú, tanto a nivel de su gobierno corporativo, como la responsabilidad de sus funcionarios y la transparencia de sus decisiones empresariales. Si bien en los últimos años se produjeron algunos avances en esa línea, existe todavía un reto pendiente. Transferir recursos adicionales para mejorar la foto del balance que permita buscar la incorporación de inversionistas privados, parece no ser la mejor opción. Afortunadamente, el ministro de economía, Carlos Oliva, ha anunciado que la decisión de dar más fondos a Petroperú depende de una Ley que promulgue el Congreso, lo que parece menos probable.

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