Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
El gobierno ha pedido al Congreso que le delegue facultades legislativas en materia tributaria, financiera y de inversión/gasto público. Si fuera congresista, mi respuesta sería la siguiente.
De acuerdo con delegar la parte de compras estatales, obras por impuestos y en general los procesos de la inversión pública. El ejecutivo sabe mejor que nadie donde le aprieta el zapato en estas materias, propias de sus funciones del día a día.
De acuerdo con delegar todo lo vinculado a la regulación financiera moderna (criterios de Basilea), revisión de las multas y con promover la competencia entre instituciones privadas.
En total desacuerdo con que el Banco de la Nación (BN), con la intención de dar crédito de manera subsidiaria a algunos agentes económicos, pueda desplazar -en la práctica- a las entidades financieras especializadas en las pequeñas empresas y en microcréditos. Estas entidades (cajas municipales, cajas rurales y edpymes) ya han logrado bancarizar a decenas de miles de agentes y serían afectadas por la entrada del banco estatal. Las más débiles incluso podrían desaparecer. Además de competir por la misma clientela, el BN les quitaría también fondeo por el lado de las CTS y las cuentas de depósitos.
Sobre el tema tributario. El estado peruano (gasto público total como porcentaje del PBI) es pequeño con relación a su grado relativo de desarrollo económico. Este hecho es el resultado directo de la baja presión tributaria, que a su vez es resultado del elevado incumplimiento del IGV y del impuesto a la renta de 3ra categoría (renta empresarial). Según el MEF, la evasión de IGV es de 38% y la de renta empresarial es de 49.5%.
Esta evasión llegaría al 8% del PBI, lo que no permite tener mayores gastos per cápita en educación y salud, claves para alcanzar el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades.
Entonces, lo que corresponde es combatir el elevado incumplimiento tributario y no cargar el peso sobre los agentes que ya aportan al erario nacional de acuerdo con legislación vigente.
En economía tributaria existe el concepto de equidad horizontal y equidad vertical. Es decir, si dos agentes económicos ganan lo mismo (renta) deben pagar impuestos similares y si uno gana más que el otro, el primero debe pagar proporcionalmente más impuestos.
Esto no se cumple por la elevada evasión tributaria. Es decir, coexisten empresas que generan el mismo valor agregado y renta empresarial que otras y no pagan los impuestos correspondientes. Esta es la principal inequidad tributaria del país. Mucho más que la progresividad y las menores tasas de rentas de primera y segunda categoría con relación a las tasas de tercera, cuarta y quinta categoría.
A la larga, las categorías deberían pagar tasas similares para ser neutrales entre los activos que generan rentas o mejor aún, ir hacia un concepto de renta personal integrada. Sin embargo, se debe llegar allí muy gradualmente tomando en cuenta el escaso desarrollo inmobiliario, el grado de bancarización y el tamaño reducido del mercado de capitales. Aunque las tasas de 5% no se sostienen por mucho tiempo más. Sin embargo, toda reforma tributaria debe ser discutida y aprobada por el Congreso.
Lo rescatable del pedido en materia tributaria es la reforma de la tributación para las pequeñas empresas.
El ejecutivo debe dedicar todo su esfuerzo, con la ayuda de las tecnologías de información disponibles, para reducir la evasión tributaria de IGV y renta. Cuando haga su trabajo y llegue a -por lo menos- los niveles de sus pares de la Alianza del Pacífico (la mitad de las tasas actuales de evasión) que vuelva al Congreso a discutir sus propuestas de aumentar tasas.