Editorial: Tía María, ¿la historia se repite?

El respaldo del gobierno a la puesta en marcha del proyecto Tía María dejaría claro su interés por hacer cumplir la ley y apoyar la inversión privada.

Desde hace un tiempo, Southern Perú Copper Corporation (SPCC) ha cumplido con todas las exigencias que establece la ley para ejecutar su proyecto de explotación minera Tía María. Sin embargo, para iniciar la inversión necesita que el ministerio de Energía y Minas le otorgue la licencia de construcción. La empresa tiene ya tiempo esperando este requerimiento burocrático, cada vez más impaciente, porque el 4 de agosto se vence la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un pedido que entregó a las autoridades cuando correspondía.

Si el EIA se vence, la ejecución del proyecto deberá postergarse de forma indefinida, ya que la empresa estaría obligada a realizar un nuevo estudio y someterlo a todo el largo y difícil proceso de aprobación. Es de esperar, entonces, que la empresa revalúe si vale la pena continuar con el proyecto. Se está poniendo en riesgo una inversión estimada de US$ 1,400 millones, de la cual ya se gastaron US$ 361 millones y una producción anual de 120,000 TM de cátodos de cobre (5% de la producción nacional).

El otorgar la licencia de construcción se ha convertido en una prueba crítica para el gobierno y debería merecer la pronta atención del presidente Martín Vizcarra. Primero, porque el atraso se está percibiendo como una evidencia de la falta de convicción del gobierno sobre la necesidad de apoyar la inversión privada. En momentos en los que se desacelera el crecimiento económico y no se termina de aclarar el panorama económico internacional, esta percepción es dañina y puede impactar de manera directa y negativa los dos últimos años de su gobierno. El riesgo ha sido sopesado adecuadamente por el ministro de economía, Carlos Oliva, quien en varias oportunidades ha hecho declaraciones públicas a favor de que se autorice el inicio de la obra.

Segundo, si se posterga la ejecución de la obra, se registraría una nueva victoria del movimiento antiminero. Esto puede terminar por desplazar al Perú del lugar privilegiado que ha venido disfrutando en las últimas décadas como destino principal de la inversión minera a nivel mundial. Se debe tener en cuenta que la empresa ha hecho esfuerzos para atender los principales reclamos, entre otros, incorporando una planta de desalinización de agua a fin de no afectar el agua de riego agrícola. Sin embargo, la oposición al proyecto no ha cambiado, demostrando que no estamos ante defensores de la agricultura o del ambiente, sino ante políticos radicales contrarios al sistema democrático y al desarrollo económico. Además, una nueva victoria de los antimineros puede incentivar la extensión de este movimiento, ya no solo a impedir la ejecución de nuevos proyectos de inversión, sino ahora a paralizar o afectar el normal funcionamiento de empresas en producción, como está ocurriendo en Las Bambas.

Tercero, se va a afectar de forma negativa la gobernabilidad del país, en la medida en que se pone en evidencia, nuevamente, la debilidad del gobierno para hacer que se cumpla la ley y se respete el orden público. La percepción cada vez más extendida de esta conducta va a promover el desafío a la autoridad y el uso de la fuerza como medios para lograr concesiones o imponer intereses. El desorden y el caos afecta, principalmente, a la población y, como consecuencia, al gobierno.

Ante este panorama, el presidente Vizcarra tiene la responsabilidad de actuar rápido y en la dirección correcta. Su trayectoria política demuestra que él favorece el diálogo como medio para evitar el conflicto y, en esa dirección, ha ofrecido como solución crear una mesa en la que participaría el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. En caso se instale esta mesa, nos parece que debería ser de plazo corto a fin de posibilitar que la empresa pueda ejecutar su proyecto. Las consideraciones sobre la oposición de varias de las autoridades recientemente elegidas en la zona de influencia, entre las que se cuenta el Gobernador Regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, deben ponerse en la balanza frente al interés nacional, que requiere la ejecución de proyectos de inversión privada para dar soporte al crecimiento económico y aumento del bienestar de la población.

Editorial: Tía María, ¿la historia se repite?