Editorial: ¿Se viene una avalancha de decretos de urgencia?

El gobierno puede hacer uso de los decretos de urgencia para hacer cambios legislativos que beneficien el desempeño de los diversos sectores económicos.

Luego de los eventos del 30 de setiembre, se ha producido una concentración temporal del poder en el Ejecutivo debido a que ostentará, por un periodo definido, la labor legislativa (vía decretos de urgencia -DU-), que terminará luego de las elecciones del 26 de enero. En este periodo de 16 semanas se va a observar en paralelo a un gobierno libre de los obstáculos para gobernar, que alegaba tener, y una corta campaña política.

En el primer caso es posible que se vean decenas de DU en diversos sectores económicos aun cuando el presidente del Consejo de Ministros ha señalado que “el Poder Ejecutivo […] va a ser precavido y cauto”. Hay muchas normas sectoriales que estaban en pleno proceso de discusión y elaboración y otras ya listas para su promulgación. Entre estas últimas tenemos la ley de promoción agraria y la ley de control previo de fusiones. Entre las primeras tenemos las normas de formalización laboral, las de reforma del sistema de pensiones, una nueva ley de minería, una nueva ley de hidrocarburos, y de reformas del sector eléctrico, entre las principales.

Hay espacio también para normas de tipo más fiscal, como destrabar obras que están estancadas por procesos en Contraloría, normas que aumenten los recursos para los gobiernos regionales y locales y la prórroga de algunas exoneraciones tributarias que vencen muy pronto (como la llamada ley del libro). Si bien hay distintas interpretaciones legales, como que la Constitución indica que por lo general los DU no pueden contener elementos tributarios (bajo el principio de no taxation without representation), la que estaría usando el Ejecutivo es que en el interregno esa disposición no es aplicable, pues está pensada para situaciones en las cuales el Congreso está en funciones. Es por ello que las distintas exoneraciones tributarias que estarían por vencer tendrían un procedimiento legal claro para su prórroga mediante DU. Además, tenemos las propuestas presentadas en el Plan de Competitividad elaborado por el propio Ejecutivo, que requieren leyes que ahora se podrían elaborar y promulgar.

Es decir, el Ejecutivo tiene en la mesa muchas decisiones que tomar y que de una u otra forma afectarán la marcha de los sectores económicos involucrados. Esperamos que la mayoría esté encaminada a acelerar el crecimiento económico y el uso eficiente de los recursos. Sobre todo en un contexto de bajo crecimiento económico en relación al mundo, que nos persigue desde el 2014 y que está asociado a caídas en la productividad total de factores.

Por otro lado, luego del 26 de enero, el poder político terminará de reconfigurarse. El ciclo económico no será ajeno a estos desarrollos. La inversión privada sectorial es muy sensible a las políticas microeconómicas. Un Congreso inicialmente colaborativo podría ser un marco ideal para la consecución de las normas mencionadas en los párrafos anteriores. El tiempo no es muy largo, pues luego de julio del 2020 la escena política podría pasar a estar dominada por la campaña de cara a las elecciones del 2021.

Editorial: ¿Se viene una avalancha de decretos de urgencia?