Editorial: Reformas con pies de plomo

Hay seis proyectos de la reforma de justicia que aún no han sido aprobados por el Con-greso. Esto hace pensar que podría ocurrir algo similar con la reforma política.

El 2 de agosto de 2018, el presidente Martín Vizcarra entregó al Congreso siete proyectos de ley que tienen como propósito ejecutar la reforma del sistema de justicia. Han transcurrido siete meses y solo uno, el que elimina la intervención del Ministerio Público en el contencioso administrativo, ha sido promulgado.

El proyecto que promueve la probidad de todo profesional que participe en el Sistema de Justicia, fue aprobado por el Congreso, pero observado por el Ejecutivo. Dos han sido aprobados en primera votación y están pendientes de segunda votación: el que introduce un nuevo título al Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, y el que promueve la creación del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. Los otros tres, el que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público y crea la Fiscalía Suprema Anticorrupción, y los que crean la Superintendencia para la Integridad y Control del Poder Judicial y Ministerio Público, tienen dictamen de las comisiones de Justicia y Constitución, pero aún no se votan en el Pleno.

Esta situación muestra que existe un considerable atraso en el avance de una reforma importante y urgente, que tiene amplio apoyo de la población. Las razones que explican el resultado no se pueden precisar, pero aparte de la desorganización que en estos momentos domina en el Congreso pueden existir, por lo menos, dos fuerzas que actúan como lastre: las que provienen de intereses que defienden el estado actual de cosas y se oponen a cualquier reforma y los opositores al presidente Vizcarra, que son reticentes a otorgarle una victoria trascendente.

Hay que señalar también que el Ejecutivo, al no tener una bancada que lo represente y no haber hecho esfuerzos por aglutinar una mayoría que lo respalde, no tiene mecanismos efectivos para coordinar o buscar avances más rápidos en los proyectos de su interés. Es posible que este esfuerzo no se haya realizado por decisión del Ejecutivo, teniendo en cuenta la alta impopularidad del Congreso y la creciente atomización de sus fuerzas, que hace más difícil cualquier coordinación. Sin embargo, en esta situación la única forma de influir sobre las decisiones del Congreso es la presión directa y pública, sea condicionando el resultado a una cuestión de confianza o apelando a la ciudadanía. Estos mecanismos pueden ser efectivos, como lo ha demostrado el presidente, pero no se pueden utilizar con mucha frecuencia.

Al presidente le urge lograr avances en el Congreso porque la Comisión para la Reforma Política, que preside Fernando Tuesta, acaba de presentar su propuesta y, de ser aprobada, debería remitirse al Congreso a corto plazo. Como esta reforma es más controversial que la primera, puede correr aún peor suerte que la reforma de la justicia. En consecuencia, es probable que luego del retorno del pleno en el curso de este mes, seamos testigos de alguna acción pública del presidente Vizcarra buscando presionar al Congreso para que dinamice el proceso de aprobación de los proyectos de ley dirigidos a la reforma del sistema de justicia pendientes, y a dar tratamiento prioritario a los proyectos de ley para la reforma política. Estas son las dos reformas que ofreció a la Nación en su discurso de 28 de Julio y sus resultados van a ser fundamentales a la hora de evaluar su gestión.

Editorial: Reformas con pies de plomo