Editorial: ¿Por algo se empieza?

Plantear una agenda para la formalización de la economía no es una tarea fácil ya que se trata de un fenómeno muy complejo.

La informalidad laboral, como la mayoría de los desafíos de política pública, es un fenómeno multicausal en el que las medidas aisladas pueden contribuir, en mayor o menor grado, a reducir su dimensión o gravedad, pero difícilmente a solucionarlo plenamente.

El surgimiento de la informalidad laboral puede entenderse a partir de dos aproximaciones. La primera, que la explica a partir de un conjunto restricciones legales que impiden a ciertas firmas y trabajadores acceder al mundo formal, aunque quisieran. La segunda, que acepta la libre movilidad entre el mundo formal e informal y explica que las firmas y trabajadores evalúan los costos y beneficios de pertenecer a cada uno de ellos, decidiendo el número óptimo de regulaciones que van a cumplir.

Leer en conjunto ambas interpretaciones permite delinear con mayor claridad las causas de la informalidad cuando se contrasta con la realidad de cada país. Si se esquematiza en extremo la literatura sobre el tema en el caso peruano, se identifica como (las principales) explicaciones de los elevados niveles de informalidad en el mercado laboral urbano: la rigidez en la contratación y despido, los altos costos de la formalidad para el trabajador y las firmas, los bajos o difusos beneficios de operar en la formalidad, la baja productividad del trabajador y las firmas, la legislación que incentiva la atomización de las unidades productivas y la poca capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.

Plantear una agenda proformalización es una tarea compleja, ya que implica tomar medidas con maduraciones diferentes. Por lo menos se puede diferenciar aquellas vinculadas a políticas públicas a largo plazo, que abordan el problema de productividad a partir de la construcción de capital humano de las personas y un entorno competitivo para las empresas. Luego, las vinculadas a acciones a mediano plazo, que abordan el nivel y composición de los costos y beneficios de la formalidad, que deberán calibrarse en el tiempo según el espacio fiscal que requieran. Finalmente, aquellas a corto plazo, vinculadas a cambios legislativos e inspecciones laborales de las cuales podemos esperar efectos más rápidos, pero que se enfrentan a la capacidad de generar consensos políticos mínimos para que puedan llevarse a cabo o a la capacidad operativa de las instituciones que las implementan.

En el Perú no existe una agenda integral proformalización y posiblemente no se cree una en un futuro cercano. Lo que sí hay son intenciones aisladas, algunas en la dirección correcta y otras no. Dentro de las primeras se pueden citar aquellas que, desde el Legislativo plantean eliminar el riesgo de reposición frente al despido originado por la jurisprudencia creada en torno a las sentencias del Tribunal Constitucional mediante una reforma constitucional. Asimismo, en esta misma correcta dirección, desde el Ejecutivo se ha planteado reforzar las inspecciones laborales a partir de medidas para fortalecer la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en su rol fiscalizador.

Sin embargo, ambas medidas actúan sobre un espacio acotado: trabajadores dependientes en empresas formales con algún grado de informalización en sus relaciones laborales. Usando cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2017, y centrando la atención solo en el sector privado urbano, estimamos, en el mejor de los casos, alrededor de 3 millones de trabajadores (o incluso un tercio de esa cifra, si es que la estimación se acota únicamente al segmento de empresas de 100 a más trabajadores) que podrían no tener acceso pleno a beneficios sociales o, eventualmente, que las empresas puedan estar utilizando modos de contratación que permitan evitar las rigideces de despido. Al frente y sin medidas concretas quedaría la fuerza laboral empleada en empresas informales, los independientes informales, las trabajadoras del hogar y los trabajadores familiares no remunerados. Es decir, más de 5 millones de personas usando la misma fuente de datos.

Por ello, aplaudimos las medidas que van en la dirección correcta, pues contribuirán a mejorar la situación laboral de una importante cantidad de trabajadores y permitirán a las empresas privadas tomar decisiones eficientes con respecto a su disposición de mano de obra. No obstante, también reconocemos que de no promoverse una agenda integral proformalización, el Perú seguirá varios pasos detrás en su aspiración de modernizar su economía y garantizar la protección social adecuada para todos sus ciudadanos.

Editorial: ¿Por algo se empieza?