Editorial: Nuevo choque entre poderes

Nuevamente vemos un enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra parece encontrarse en una mejor posición.

Todo indica que estamos ante una nueva confrontación entre el gobierno y el Congreso; que el presidente Martín Vizcarra inicia, con toda intención, cuando acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y del Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, asiste al local del Congreso y lo denuncia por falta de colaboración.

La razón de la disputa es la falta de voluntad del Congreso para tratar “sin trampas” el proyecto de reforma política que remitiera el Ejecutivo; puesta de manifiesto en la decisión de la Comisión de archivar (sin el debido debate) la propuesta sobre inmunidad parlamentaria. La denuncia fue esgrimida de forma oral por el presidente Martín Vizcarra y escrita mediante una carta que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, dirigió a la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra.

Pareciera que se está repitiendo un escenario similar al que se produjo durante la confrontación que tuvieron estos dos poderes del Estado por la reforma de la justicia que planteara el Ejecutivo. Sería entonces plausible que, en los próximos días, de no haber una corrección de rumbo por parte del Legislativo, el gobierno recurra a acciones adicionales, como el apelar directamente a la población, esto sin descartar que haga Cuestión de Confianza la aprobación integral de los 12 proyectos de ley que forman la reforma política remitida.

Una evaluación somera indica que, de nuevo, el presidente Vizcarra está mejor posicionado para esta confrontación, fundamentalmente por errores de los congresistas, liderados por Rosa Bartra.

Enviar al archivo, sin el debido debate, el primer proyecto de reforma política que trataba la Comisión de Constitución se puede interpretar como la respuesta al pedido de colaboración que dos días atrás había hecho el presidente en Palacio de Gobierno, y obligaba a una toma de posición de parte del Ejecutivo. De no haberlo hecho, la reforma política hubiera pasado a un limbo, donde quedaba al buen merecer de los congresistas. Por otro lado, elegir el proyecto sobre inmunidad congresal para dar esta respuesta, con alta probabilidad, será censurado por la población, ya que pone de manifiesto la voluntad del Congreso de mantener un privilegio que últimamente ha sido utilizado, al límite del escándalo, para proteger a congresistas con serios problemas con la justicia.  De intensificarse el conflicto, resonará en la población la acusación del presidente: los Congresistas quieren mantener un privilegio que, bajo el disfraz de inmunidad, esconde la impunidad.

La respuesta que han adelantado algunos congresistas pareciera reflejar cierta sorpresa ante la actitud del presidente y una defensa algo débil del fuero congresal. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, admitió una autocrítica a la Comisión de Constitución, pero adelantó que “lo que está haciendo (Vizcarra) es preparar el terreno para un posible cierre del Congreso.” Rosa Bartra respondió que el archivo es “resultado de un ejercicio democrático del Congreso” en el que han participado todas las bancadas. Juan Sheput admitió que ha sido rápido (el pasar al archivo el proyecto de ley), pero que no es definitivo, ya que tiene que verse en el pleno. En consecuencia, ahora está en el Congreso decidir la posición a adoptar: si varía el rumbo y se avoca a la discusión con carácter de prioridad de la reforma política; o si se mantiene en su posición y obliga al presidente a dar los pasos siguientes.

Las dos reformas, la de justicia y política, fueron ofrecidas por el presidente Vizcarra desde el momento de su juramentación y pareciera que está empeñado en sacarlas adelante (a pesar de los problemas para ejecutar la de justicia). Para dar una idea de la importancia que tienen, es necesario considerar que, desde hace un largo tiempo, el funcionamiento del Perú como Nación ha presentado crecientes problemas. Con todo el avance en materia económica que se ha acumulado, el Estado todavía no llega a todos los peruanos: los servicios básicos que provee no tienen la calidad y cobertura que demanda la población, por lo que los reclamos se acumulan sin canales efectivos que los atiendan; las instituciones básicas del Estado son, en muchos casos, ineficientes y algunas funcionan de espaldas a la ciudadanía, razón por la cual enfrentan su creciente desconfianza y rechazo. La corrupción ha corroído muchas instituciones, lo que ha elevado considerablemente el costo de las obras y los servicios del Estado. Toda esta situación ha provocado el debilitamiento del sistema democrático y está abriendo las puertas a opciones radicales y antisistema.

Para generar cambios se necesitan, con urgencia, reformas institucionales y económicas. El presidente Vizcarra está empeñado en lograr que se ejecuten dos: justicia y política. No son todas las que el país necesita, pero sin ellas, el horizonte de progreso que teníamos se desdibuja y, más bien, comienza a acentuarse la incertidumbre por lo que nos traerá el futuro.

Editorial: Nuevo choque entre poderes