Editorial: Minería peruana, potencial aún desaprovechado

Si bien nuestro país tiene un gran potencial minero, ya que cuenta con amplia cantidad de recursos, este no puede ser aprovechado debido a nuestra debilidad institucional.

Los países compiten por atraer flujos de inversión minera. Perú, que tiene ventajas en este sector, no es ajeno a ese fenómeno. Para lograrlo, se debe tener condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad. En este sentido, Macroconsult construyó, por encargo del Instituto de Ingenieros de Minas, un Indicador de Competitividad Minera que permite analizar la productividad y competitividad del sector minero peruano con respecto a los países líderes mundiales en el sector: Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile, Colombia y México.

El Indicador de Competitividad Minera (ICM), que fue presentado esta semana en la Perumin 34 (Arequipa), analiza variables estructurales que sumen competitividad al sector minero en base a cinco pilares: potencial geológico, política tributaria, infraestructura, institucional y regulatorio, y entorno social.

El resultado del ICM ubica a Perú en el sexto lugar (de siete países). Según el indicador, esto se explica porque Perú cuenta con una importante riqueza mineral, pero un marco institucional e infraestructura deficientes que impiden el aprovechamiento de estos recursos.

El pilar potencial geológico ubica a Perú en tercer puesto en reconocimiento a su importante presencia mundial en los mercados de cobre, zinc, oro, plata y plomo. Sin embargo, en el contexto mundial, Australia y Canadá tienen una cartera más diversificada con importantes reservas y producción en minerales de amplio comercio internacional, como carbón, hierro, aluminio, platino, níquel, entre otros.

Para facilitar el aprovechamiento del potencial minero nacional se requiere garantizar condiciones adecuadas. Así, analizando los demás pilares del ICM, nos encontramos con un panorama menos alentador. Con respecto a la política tributaria, el tratamiento a la minería se encuentra alineado al estándar internacional, y se ubica en el promedio de la carga tributaria de los países con los que competimos.

En cuanto al pilar infraestructura, Perú obtiene el último lugar. El indicador sugiere que el mayor reto está en la infraestructura terrestre, pobremente interconectada y que ofrece servicios de baja calidad. Parte de la problemática se debería a las difíciles condiciones geográficas del Perú por la presencia de la cordillera de los Andes (es allí donde se encuentra buena parte de nuestros yacimientos mineros).

En el pilar regulación e instituciones, Perú también obtiene el último lugar, es decir, muestra la mayor complejidad. Se exigen más trámites, con plazos legales más largos (que usualmente se exceden) y donde intervienen más instituciones que en el resto de los países. La problemática se agrava cuando se tiene en cuenta que, según indicadores del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el país tiene una alta carga regulatoria y además es poco efectiva para resolver y canalizar conflictos. El resultado es que el Estado incumple sus plazos legales creando incertidumbre en la inversión minera y demoras en el tiempo para convertir recursos en reservas y proyectos.

Finalmente, la mayoría de proyectos mineros se desarrollan en zonas pobres. En este sentido, los indicadores muestran a Perú como un país con bajo nivel de desarrollo económico y social, enmarcado en un clima de precariedad institucional. Ambos factores desembocan en los riesgos de enfrentar situaciones sociales complejas, que algunas veces se canalizan mediante vías no institucionales, con muestras de violencia. Los problemas sociales son un fenómeno global y todos los países que desarrollan actividad minera tienen problemas similares. Lo que cambia es la forma de resolver estos conflictos. En Canadá, por ejemplo, existen acuerdos entre el Estado y comunidades de first nations que son exigibles en las cortes judiciales, de modo que se puede imponer una sanción en caso de incumplimiento. La evidencia indica que, en Perú, este mecanismo es virtualmente inexistente. Contribuye, además, la creciente aparición de grupos políticos que se oponen al desarrollo de la minería.

En conclusión, el indicador sugiere que si se desea avanzar en materia de competitividad minera, Perú debe emprender significativas reformas de regulación sectorial y de infraestructura para competir en mejores condiciones. Ajustar elementos menores de la regulación no es suficiente para incrementar su competitividad. Asimismo, para optimizar el entorno social es necesario establecer canales permanentes de coordinación y ejecución entre el gobierno central y los gobiernos regionales y municipalidades para mejorar la eficiencia en el gasto público, sobre todo en las áreas rurales.

Editorial: Minería peruana, potencial aún desaprovechado