Editorial: ¿Las cuerdas se juntan?

La inestabilidad política se presenta, nuevamente, como el principal riesgo para la economía peruana.

Bajo el impulso de una demanda externa favorable, la producción nacional de bienes y servicios se viene recuperando. Se espera que este dinamismo continúe en los dos próximos años. Los proyectos mineros que se están comenzando a ejecutar, como Quellaveco, Mina Justa, la Ampliación de Toromocho y de Toquepala, representan inversiones que superan los US$ 11,000 millones y harían posible que nuestras exportaciones mineras aumenten en 14% (la subida sería de 22% para el cobre).

Entre otros efectos positivos, esto solventaría la provisión de divisa extranjera necesaria para el futuro crecimiento. Por otro lado, la demanda interna se viene recuperando con la contribución de la inversión y el consumo privados, lo que apoya el aumento de la tasa de crecimiento económico de los próximos años.

Si bien hay posibles desarrollos externos negativos que enturbian esta perspectiva, especialmente la posibilidad de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se agrave y se extienda al resto del mundo, el riesgo principal se está perfilando internamente y tiene que ver con un conjunto de factores políticos e institucionales que se están agravando. La mayoría está presente desde hace buen tiempo, pero no se notó porque fue absorbida por el dinamismo económico del boom anterior sin mayor costo visible. Sin embargo, el deterioro de las principales instituciones del Estado y la crispación permanente de la vida política nacional están incrementando su impacto negativo y podrían desencadenar cambios de comportamiento y consecuencias más negativas.

El aumento de la corrupción, que ha alcanzado a la mayoría de las instituciones del Estado (incluyendo al Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación), viene imponiendo costos cada vez más altos al funcionamiento de las empresas no comprometidas en actos de corrupción, lo que les quita capacidad para competir con la producción de otros países y amenaza la seguridad jurídica relacionada con las inversiones. Es más, los extremos a los que se está llegando podrían ocasionar saltos abruptos en la percepción del riesgo en algunos sectores económicos, lo que aumenta la tasa de descuento de las empresas existentes y de nuevos proyectos. Se estaría entonces afectando negativamente el riesgo soberano que evalúan las empresas calificadoras de riesgo, así como el riesgo empresarial de hacer negocio en el Perú.

El prolongado enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ha paralizado la ejecución de reformas necesarias y está creando obstáculos cada vez más onerosos en el funcionamiento del Estado. Un ejemplo reciente: como era de esperar, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que atendía el reclamo de la empresa minera Bear Creek, dirimió a favor de la empresa, otorgándole una compensación de US$ 30 millones. Como se recuerda, el contrato de concesión de Bear Creek fue anulado por el expresidente Alan García para satisfacer demandas de minorías antimineras. Sin embargo, sin que haya habido ninguna reacción política en contra del expresidente por las consecuencias de la decisión ilegal e irresponsable que adoptara, el Congreso se viene negando a incluir en el Presupuesto de la República los fondos para realizar el pago. Si esta actitud se mantiene, las consecuencias serán mayores, ya que implicarán una exposición mediática internacional bastante negativa para el Perú, embargos y un fuerte aumento de la percepción del riesgo de invertir en el país.

Más importante incluso, si los esfuerzos por combatir la corrupción siguen siendo anulados por las fuerzas políticas e institucionales que se le oponen (caso Lava Jato, entre otros), el rechazo de la población a la política y los políticos va a continuar profundizándose, lo que aumenta la posibilidad de un salto al vacío en las elecciones generales de 2021.

Editorial: ¿Las cuerdas se juntan?