Editorial: ¿La primavera chilena?

Las intensas manifestaciones en Chile responden al clamor de una clase media que pide más Estado.

La economía chilena tiene los mejores indicadores de desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. Sin embargo, a pesar de ostentar uno de los mayores PBI per cápita de la región, la desigualdad del ingreso se ha mantenido en niveles parecidos a las de los países andinos, como Perú y Bolivia. Asimismo, la movilidad social en el país sureño no es de las mayores de la región.

En la última semana hemos sido testigos tanto de violentas manifestaciones callejeras como de reclamos pacíficos de grandes mayorías de las nuevas clases medias chilenas por medio de los llamados cacerolazos. Si bien el aumento en los pasajes del metro habría sido el detonante, los reclamos han sido de un amplio espectro e incluyen inconformidades latentes, vinculadas con bajas pensiones, alza de las tarifas eléctricas, elevados precios de los medicamentos, colusiones de precios en farmacias e industrias de papel higiénico.

En general, el denominador común detrás de estas insatisfacciones es la demanda por mayores subsidios. Lo que, en la práctica, significa demandas por un mayor tamaño del Estado. La clase política chilena y sus dirigentes no han sido capaces de leer el pedido popular ni conducir las políticas hacia un mayor estado de bienestar. Por lo menos, dando pasos en esa dirección. Ese ha sido el error de las instituciones como un todo.

El sistema político no ha podido canalizar las demandas de manera institucional mediante el Congreso y el Ejecutivo en funciones. Es más, al principio, este último pensó que se trataba solo de vandalismo y delincuencia de pequeños grupos de jóvenes o de extrema izquierda. Con el paso de las horas y los días, la realidad mostró que eran las grandes mayorías nacionales las que reclamaban ciertos ajustes en las políticas públicas, sin respaldar los actos de violencia extrema observados. Finalmente, el Ejecutivo ha comenzado a ceder, en gran parte, por las demandas de las nuevas clases medias chilenas. Esperemos que las manifestaciones comiencen a apaciguarse en los próximos días.

Los eventos han resultado una prueba a la institucionalidad política chilena. En otros países se ha respondido a las demandas populares con medidas populistas y de descontrol macroeconómico. El ejemplo de Argentina está a la mano. Para no hablar del caso extremo de Venezuela. En otros países en desarrollo ha resurgido el autoritarismo, sea de derecha o de izquierda.

En el caso chileno, la respuesta ha sido un aumento del gasto público, junto con un incremento del impuesto marginal a la renta de 35% a 40%. De no ser suficiente, tal vez se vaya por el camino de elevar algo más los impuestos directos e, incluso, un punto del Impuesto al Valor Agregado (IVA, el Impuesto General a las Ventas -IGV- en Perú), para no afectar el riesgo país. Después de estos episodios, aumentará el tamaño del Estado en Chile, que hoy es de cerca del 26% del Producto Bruto Interno (PBI).

Hasta ahora se puede decir que no se trataría de un triunfo de las ideas del Foro de São Paulo, ni de una crisis del “modelo neoliberal”. El mercado se ocupa de la asignación eficiente de recursos y la creación de riqueza, mientras que la re/distribución del ingreso corresponde al Estado sobre la base del contrato social. En ese sentido, se trata más bien de una falla del Estado chileno y sus instituciones políticas, que no supieron representar las demandas de sus ciudadanos por algo más de estado de bienestar. Tal vez por ello haya reformas políticas en Chile que incluyan volver al voto obligatorio, para ganar más legitimidad y representatividad y, sin descartarse otras de corte más populista, como la reducción de las reelecciones de políticos, así como de sus sueldos, como una suerte de ofrenda para calmar las protestas y de castigo a la clase política.

Los efectos sobre el Perú serían a dos niveles. Por el lado del Ejecutivo, un mayor temor para realizar ajustes tarifarios de diversos servicios y para tomar decisiones que pudiesen llevar a manifestaciones callejeras de cierta magnitud. Por el lado de las elecciones en 2020 y 2021, algunos candidatos podrán explotar ciertas demandas ciudadanas por aumentos del gasto público. Aunque, en el caso peruano, las cuentas fiscales no soportarían el embate sin una reducción sustancial de la evasión tributaria, si no queremos recurrir a la subida de algunas tasas de impuestos.

Editorial: ¿La primavera chilena?