Editorial: Inseguridad y negligencia

El terrible incidente de deflagración de gas ocurrido el pasado 23 de enero evidenció un conjunto de problemas institucionales.

El lamentable accidente de Villa El Salvador (VES), que a la fecha ha cobrado la vida de 23 personas, motivó la renuncia de Daniel Schmerler, presidente de Osinergmin, entidad a la que la opinión pública le ha atribuido, en buena cuenta, la responsabilidad de la tragedia y que ha sido declarada en reorganización por la Presidencia del Consejo de Ministros. Según los informes técnicos, el hecho se habría desencadenado por la manipulación indebida de una válvula de seguridad del camión cisterna que originó el siniestro, propiedad de la empresa privada de transporte de GLP, Transgas S.A. Es decir, habría sido la negligencia y la inobservancia de protocolos mínimos de seguridad por parte de la empresa, la verdadera razón del accidente. Por dicha razón, el chofer y el dueño la empresa, actualmente declarado no habido, han sido denunciados penalmente.

Independientemente de la asignación de responsabilidades en el presente caso, no es la primera vez que observamos que la informalidad, irresponsabilidad y falta de una cultura de seguridad en el sector de combustibles, cobra víctimas mortales y heridos de gravedad. En enero de este año se registró un incendio de gran magnitud en un taller de almacén y recarga de balones de GLP y oxígeno en El Agustino. En octubre de 2019, una fuga de gas provocó la muerte de un niño y 19 heridos en un local comercial de La Victoria; mientras en agosto de 2018, un camión de combustible que abastecía a un grifo ubicado frente al Hospital del Niño, se incendió, requiriéndose 17 unidades de bomberos para sofocar el fuego.

A pesar de lo recurrente de este tipo de tragedias, la forma en la que vienen siendo procesadas y resueltas por nuestra sociedad no permite atacar las razones de fondo detrás de los lamentables hechos. En primer término, resulta necesaria la delimitación clara de responsabilidades, tanto a nivel de los agentes privados, como de los órganos del Estado. En el caso de los agentes privados, más alla de que existan o no normas de carácter obligatorio, es su deber mantener niveles mínimos de diligencia y destinar recursos a garantizar que sus procesos no pongan en peligro la seguridad de sus proveedores, clientes y propios empleados. Resulta preocupante observar cómo diariamente se transportan balones de GLP en bicicletas o motos lineales, poniendo en peligro la vida de conductores y transeúntes. El alto grado de informalidad que caracteriza el transporte de este tipo de productos peligrosos y la ausencia de protocolos mínimos de seguridad constituye una amenaza latente que debe ser atendida desde el sector privado y público.

Por otro lado, a nivel del Estado, se tienen que definir reglas claras que garanticen la seguridad de los ciudadanos y determinen quiénes deben hacerlas cumplir. Con respecto al accidente de VES, se ha criticado que, para brindar el servicio de transporte de GLP se requiera solo de una declaración jurada que indique que el vehículo cuenta con adecuadas condiciones de seguridad, que sus válvulas y cañerías no presentan filtraciones, entre otros. Si bien toda esa información está sujeta a una fiscalización posterior por parte de Osinergmin, el mecanismo de aprobación automática no parece ser el idóneo, tratándose de una actividad que reviste una alta peligrosidad. Que el vehículo siniestrado no haya sido fiscalizado oportunamente por el regulador, sin duda involucra compromisos que deben ser proporcionales y dirigidos a aquellos funcionarios a cargo de la fiscalización en este sector. Si bien la renuncia del presidente de la institución y el posterior anuncio de reorganización del organismo regulador, constituyen “salidas políticas”, no traerán consigo mejoras en el diseño de la fiscalización si no se atacan los problemas de fondo que afectan las condiciones de seguridad en el transporte de GLP, teniendo en cuenta que en este mercado la cadena de comercialización es atomizada e informal. Cabe mencionar que, desde inicios de 2019, en el Ministerio de Energía y Minas existe un proyecto de decreto supremo que propone modificar las normas de comercialización y seguridad para el GLP. Tratándose de un tema de crucial importancia como la seguridad, este proyecto debería estar entre las prioridades del gobierno, debatirse y abordarse con prontitud.

No menor es la responsabilidad que corresponde a la Municipalidad de Lima, al permitir a un conductor con un récord de 83 multas (32 faltas leves, 37 graves y 14 muy graves) entre 2001 y 2019, continúe prestando servicios de transporte de productos peligrosos.

La fiscalía ha incorporado a la investigación del caso a los alcaldes de Villa El Salvador, Kevin Iñigo; de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz; y a Osinergmin. El anuncio de la reorganización de Osinergmin no debe soslayar la responsabilidad del resto de actores arriba mencionados, incluyendo a las propias empresas. Solo en la medida que se delimiten claramente los deberes y competencias de estas organizaciones, se adopten políticas públicas que aborden seriamente el problema de la seguridad en el transporte de estos productos y las empresas adquieran un auténtico compromiso con la seguridad, se logrará prevenir catástrofes como la de VES.

Editorial: Inseguridad y negligencia