Editorial: El nuevo gabinete y el sector privado

La renovación del gabinete, presidido ahora por Pedro Cateriano, y que ha involucrado el reemplazo de 12 carteras ministeriales, ha sido recibido de forma positiva por la opinión pública.

La renovación del gabinete, presidido ahora por Pedro Cateriano, y que ha involucrado el reemplazo de 12 carteras ministeriales, ha sido recibido de forma positiva por la opinión pública. Ha contribuido no solo el desgaste sufrido por el gabinete de Vicente Zeballos durante estos últimos meses de crisis sanitaria sino, en términos generales y, salvo excepciones puntuales, el reconocimiento de que los nuevos cuadros reclutados por el Ejecutivo permitirán mejorar los niveles de coordinación y comunicación con el sector privado y contribuirán a fortalecer el diálogo político con el Congreso.

En lo que respecta a la relación entre Ejecutivo y sector privado, el distanciamiento que ya existía se acrecentó de manera importante desde marzo, a partir de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria. Los líderes de diversos gremios empresariales expresaron sus discrepancias contra un conjunto de regulaciones que consideraban excesivas o que dificultaban innecesariamente el reinicio de actividades en algunos sectores de la economía. En la aprobación de buena parte de estas regulaciones y exigencias, el nivel de coordinación y participación del sector privado fue prácticamente nulo. En cuanto a las medidas de contención de la pandemia, los espacios de coordinación público-privada para el desarrollo de proyectos y prestación de servicios (p.e., suministro de balones de oxígeno y otras facilidades) han sido escasos. Algunos esfuerzos importantes desplegados desde el sector privado para combatir la pandemia (empresas de diversos sectores, como el minero) han sido iniciativas desarrolladas de manera independiente, sin una contraparte clara por parte del Estado. El punto más bajo en esta relación se alcanzó hace algunas semanas cuando el presidente Martín Vizcarra invocó públicamente el artículo 70 de la Constitución que hacía referencia al concepto de “expropiación” en caso no se llegara a un acuerdo entre el Estado y las clínicas privadas con respecto al uso de su capacidad hospitalaria.

Cateriano ha expresado públicamente su deseo de realizar una política de “puertas abiertas” hacia la empresa privada lo cual, en principio, representaría un cambio con respecto a la actitud de su antecesor que consideramos positivo. En especial, cuando dicha colaboración permite desarrollar mecanismos que contribuyan a objetivos de políticas públicas. Un ejemplo interesante de esta colaboración es el llamado “Comando Vacuna”, iniciativa surgida desde el sector privado y que ha sido reconocida y apoyada por el gobierno.

Por otro lado, el acercamiento hacia el Congreso no será una tarea fácil. No solo porque el Ejecutivo no cuenta con aliados de peso en el legislativo, sino porque la coyuntura electoral probablemente acentuará la tendencia de este poder del Estado de aprobar medidas de corte populista o en contra de instituciones claves del modelo económico. Siendo Cateriano un liberal, la proliferación de iniciativas como la modificación de términos de contratos bancarios, concesiones, tarifas de servicios públicos entre muchos otros, podría dificultar los objetivos de diálogo trazados. Además, tras las críticas a los proyectos para la reforma política aprobados por el Congreso en la última legislatura, será difícil retomarla como una plataforma de colaboración y diálogo.

Es fundamental, por tanto, que en el discurso de investidura del Gabinete como en el mensaje presidencial, el Ejecutivo pueda proyectar una agenda mínima común de cara al Bicentenario, que permita recomponer la relación entre gobierno y sector privado y promueva, en la medida de lo posible, el diálogo con un Congreso altamente influenciado por el escenario electoral.

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