Editorial: Conflictos sociales y debilidad institucional

La debilidad política que muestra el gobierno es un importante incentivo para que diver-sos actores radicalicen sus reclamos.

En los últimos años, los reclamos sociales se han venido transformando, cada vez más, en conflictos de naturaleza política. Esto es consecuencia de un sistema que no cuenta con herramientas eficientes para identificarlos y canalizarlos por medio de mecanismos institucionales para así conseguir soluciones rápidas.

Últimamente, estos conflictos se han intensificado en número y hacen uso de medios vedados por la ley debido a que perciben la debilidad que han venido trasmitiendo las autoridades. Los gobiernos se han abstenido del uso legítimo de la fuerza para hacer frente al desorden y a la violación de la ley y, cuando lo han intentado, ha sido con poco éxito (casos de Tía María, en Arequipa, y Conga, en Cajamarca).

El gobierno del presidente Martín Vizcarra, desde sus inicios, ha trasmitido esta sensación de debilidad. Con escasas excepciones, los reclamantes que ha enfrentado recurrieron a actos de fuerza para hacerse escuchar y presionar (bloqueo de carreteras, destrucción de propiedad y el ataque a la fuerza pública), y han terminado consiguiendo sus objetivos.

Las consecuencias de estos hechos son diversas, aunque es importante distinguir dos principales: las económicas y las políticas. En lo económico, tenemos el costo directo e inmediato que provoca el conflicto, como son las pérdidas de valor de los productos perecibles que se afectan por la paralización del transporte, la actividad económica que deja de realizarse (tanto por sus efectos directos e indirectos), así como la pérdida patrimonial por los daños a la propiedad pública y privada, entre otros. En el caso de Las Bambas, para dar un ejemplo, se estima que los costos directos en términos de menor producción minera, consecuencia de la paralización de la producción por 10 días en abril, representaron 3.5% menos del Producto Bruto Interno (PBI) minero y el 0.4% del PBI total del mes. Sin embargo, a este costo hay que agregar los indirectos, como los que acumularon los proveedores de la mina, entre ellos los menores consumos de electricidad, combustibles, otros insumos y alimentos. Otro costo económico, más difícil de cuantificar, tiene que ver con la erosión que estos conflictos causan a la confianza de los agentes económicos, lo que a la larga termina afectando de manera negativa la inversión y el consumo duradero. Una aproximación a este efecto está en el indicador de expectativas empresariales que elabora el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que en abril mostró una caída de cuatro puntos porcentuales.

En lo político, las consecuencias también son importantes, ya que distraen a las autoridades de su tarea principal: gobernar. Esto, en la medida que se ha hecho rutina que las principales autoridades, como el presidente del Consejo de Ministros y los ministros sectoriales tengan, necesariamente, que participar en las negociaciones con los reclamantes. En este contexto, el presidente Vizcarra podría encontrar que el problema de Las Bambas, lejos de solucionarse definitivamente, se prolonga por un tiempo largo, ya que ahora los reclamos se han extendido a nuevas comunidades, cada una de las cuales busca beneficios similares a los obtenidos por Fuerabamba. Además, podría estar por enfrentar nuevos conflictos, como el paro agrario convocado para el 13 de mayo que busca, entre otros, la modificación de la política arancelaria aplicada a los alimentos; un latente movimiento de oposición al proyecto minero de Tía María, en caso el gobierno le otorgue la licencia de construcción (la empresa la viene reclamando para antes de agosto); la reactivación de las movilizaciones en San Gabán en Puno, promovidas por la minería ilegal y el narcotráfico; la toma de instalaciones petroleras en distintos lotes de la selva; una probable huelga del Sutep en junio; entre otros.

En conclusión, el aumento de los conflictos sociales en el curso del año está afectando de forma negativa el nivel de actividad económica, así como las perspectivas de su desarrollo futuro, en la medida que podrían continuar marcando su presencia. Esta situación es desafortunada, en especial teniendo en cuenta la caída que registran los términos del intercambio del Perú con el resto del mundo, reflejo de la guerra comercial en la que están enfrascados Estados Unidos y China. Por otro lado, los conflictos sociales pueden terminar marcando un lugar preferente en la agenda del gobierno, distrayéndolo y debilitándolo en el avance de los objetivos y reformas que quiere realizar.

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