Editorial: ¿Abono para los proyectos de irrigación?

El gobierno ha tomado como iniciativa el destrabe de proyectos empezando con el de Majes-Siguas en Arequipa. Esto no solo servirá para consolidar el dinamismo de la economía sino que ayudará a elevar la aprobación del Presidente Martín Vizcarra.

La costa peruana tiene claras ventajas para el desarrollo de la agricultura de exportación. Existe una intensa radiación solar, clima estable, largos periodos de cosecha, condiciones naturales de invernadero, entre otros. Por ello, cuando se compara el rendimiento por hectárea del Perú con el de los principales exportadores del mundo, nuestro país se encuentra muy bien posicionado. Por ejemplo, en lo que respecta a palta y uva, ocupa el primer lugar.

Gracias a las ventajas naturales, los grandes proyectos de irrigación y los beneficios laborales y tributarios que ha recibido la actividad agrícola de exportación, esta ha mostrado un importante crecimiento en los últimos años. Así, entre el 2000 y 2017 la agroexportación no tradicional pasó de US$ 394 millones a US$ 5,114 millones según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo que significa un crecimiento promedio anual de 16.3%. En la actualidad dicha actividad emplea a alrededor de 350 mil personas.

Para no frenar el boom, se pusieron en marcha cuatro importantes proyectos de irrigación con el fin de incrementar la frontera agrícola en la costa peruana: Alto Piura, Chavimochic III, Majes-Siguas II y Pampa de Olmos. Estos implican algo más de 115 mil nuevas hectáreas (ha) de cultivo y la mejora de otras 86 mil ha, con un monto total de inversión de alrededor de US$ 2,500 millones. Además, se podría duplicar la cantidad de personas empleadas en el sector. Sin embargo, a la fecha, los proyectos se encuentran paralizados.

La paralización de Chavimochic y Olmos responde a la importante participación de Odebrecht como concesionario, empresa que tiene una sentencia firme por corrupción en Brasil. Para tratar de enfrentar este problema, el gobierno publicó la Ley N° 30737 (que reemplazó al famoso Decreto de Urgencia N° 003) con el objetivo de ordenar el trato con este tipo de empresas y, de ser necesario, vender sus activos generando, en todos los casos, un fideicomiso para pagar potenciales reparaciones civiles al Estado. A pesar de los esfuerzos, no hubo avances en ambos proyectos.

El proyecto Alto Piura se ha visto paralizado por temas de carácter social y económico que enfrenta el contratista (rondas campesinas intentaron tomar el campamento), tal como indicó recientemente el gerente general del consorcio a la prensa. Por otra parte, el proyecto Majes-Siguas ha mostrado retrasos debido a que no hay acuerdo entre los concesionarios y el Estado con respecto a una mejora en la tecnología del transporte de agua (reducción de la evaporación y filtración). Esto último se agrava porque se creó en el Congreso una comisión investigadora del proyecto.

En esta situación poco alentadora, el presidente Martín Vizcarra ha tomado la iniciativa y ha decidido brindar un impulso, empezando por Majes-Siguas (proyecto que quedó únicamente en manos de Cobra, que compró la participación de Cosapi, con lo cual se levantó la objeción del gobierno regional de Arequipa). Debido a que el costo de este proyecto se incrementaría en cerca de US$ 100 millones por el necesario cambio tecnológico que debe incorporarse, el Presidente indicó que, de ser el caso, el Tesoro Público financiará lo que falta si es que el gobierno regional no puede hacerlo. Más allá del propio anuncio, resalta la actitud del Presidente de ponerse a la cabeza del destrabe de proyectos como una muestra del relanzamiento de su gestión. No hay que olvidar que luego del Mensaje a la Nación su imagen se ha visto claramente fortalecida, lo que se puede observar en los recientes sondeos de opinión.

Esperamos que el Presidente Vizcarra tenga éxito en estas gestiones y pueda destrabar un importante número de proyectos. De esta manera, consolidaría la reactivación que muestra nuestra economía y podría incrementar su aprobación, sobre todo en las regiones favorecidas, lo que le permitiría generar el respaldo político necesario para llevar a cabo las reformas que necesita el país.

Editorial: ¿Abono para los proyectos de irrigación?