Control previo de fusiones

Por: Elmer Cuba

Fuente: Diario Gestión

La legislación vigente en el Perú contempla la actuación ex post de las autoridades en casos de abuso de posición de dominio y en el caso de acuerdos colusorios que limiten la competencia. Sin embargo, en la mayoría de países desarrollados existe también el control ex ante de fusiones que ponen en severo riesgo el proceso competitivo. El control previo de fusiones ha sido y es materia de mucha discusión académica y de política económica. El consenso es más o menos el siguiente: Una fusión entre competidores es beneficiosa porque genera eficiencias productivas. Estas pueden ser economías de escala o de ámbito y en ambos casos se reducen los costos de producción. Sin embargo, puede también crear poder de mercado que puede ser mal utilizado. La autoridad debe evaluar ambos lados.

Las leyes antimonopolios (antitrust law) han evolucionado en los últimos 100 años. En algunos países hay umbrales muy bajos y el control de fusiones ha devenido en un trámite más, no ha beneficiado ni a los consumidores ni a las firmas, se han perdido recursos públicos y sólo han ganado los abogados y economistas. Si queremos tener una ley de este tipo en el país, debemos tomar en cuenta las experiencias de otros países y las mejores prácticas internacionales.

Para no generar costos privados y públicos innecesarios de trámites burocráticos, se debe calibrar bien el umbral a partir del cual la autoridad de competencia se debe pronunciar. Es decir, sólo casos económicamente relevantes. En ese sentido, el actual dictamen de la Comisión de Economía del Congreso de la República contiene umbrales razonables para el tamaño de la economía peruana. Encima de estos umbrales las empresas están obligadas a reportar la operación.

Asimismo, se debe potenciar a la autoridad con más presupuesto para capital humano y proteger mejor a los miembros de la Comisión de Libre Competencia (CLC). Hoy en día su sistema de nombramiento y remoción son muy frágiles. Se podría, por ejemplo, seguir el esquema de los otros organismos reguladores, cuya estabilidad es más predecible y nombramiento menos concentrado.

Se ha criticado que estos procedimientos pueden atrasar procesos de fusiones y adquisiciones. El actual proyecto de ley tiene plazos cortos y manejables para este tipo de transacciones. En la gran mayoría de países ya operan estos mecanismos y no han impedido el avance de la economía de mercado.

También se ha mencionado posibles actos de corrupción en la CLC. La verdad esto no tiene fundamento alguno. En sus casi 25 años de existencia nuca ha habido acusaciones ni denuncias de esa naturaleza.

Las críticas más esotéricas hablan de las capacidades de adivinación de los reguladores sobre el futuro. Acá el argumento puede correr al revés. Los críticos están seguros que la nueva firma con elevado poder de mercado no lo utilizará nunca para afectar la competencia.

El proyecto de ley en mención contempla hasta un año para su implementación. En verdad no habrá muchos casos al año. Muchas pasarán sin mayores consideraciones (primera fase). Tal vez un caso al año merezca mayor estudio (segunda fase) y sería aprobado. Solo casos calificados serían denegados. Un año de adecuación parece elevado y las operaciones que temen ser denegadas apurarán el paso.

El control previo de fusiones no es una panacea. Es como tener hachas y mangueras en el cine para casos de incendios. Es mejor tenerlas y no usarlas, que no tenerlas y necesitarlas.

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