Gonzalo Ruiz Díaz, Economista Asociado, Macroconsult
Las cifras de decesos por accidentes viales en Perú son relativamente altas respecto de otros países de la región. Según un informe de la OMS de 2018, Perú registra 13.5 víctimas fatales por accidentes viales por cada 100 mil habitantes, nivel superior al registrado por Chile (12.5) pese a que dicho país cuenta con un parque automotor que es prácticamente el doble al peruano, en términos per cápita.
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el primer semestre de 2021, se registró un total de 34,905 accidentes de tránsito, cifra superior en 32.5% a la del mismo periodo de 2020. El saldo de estos siniestros, fue 1 341 personas fallecidas y 22 850 personas lesionadas.
Durante los últimos años, se han impulsado reformas que han buscado fortalecer la regulación de la seguridad y calidad del servicio de transporte, el combate a la informalidad y un mejor ordenamiento del sector. En el 2009, se creó la SUTRAN, órgano adscrito al MTC pero con autonomía técnica administrativa y funcional a cargo de la fiscalización del transporte terrestre de carga y pasajeros en la red vial nacional. Más recientemente, en 2018 se crea la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao y cuyo mandato organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte. Entre sus funciones está ejercer la potestad reguladora y sancionadora a los operadores y conductores de los servicios de transporte de personas.
SUTRAN, en los últimos años, ha incrementado su capacidad fiscalizadora y de manera complementaria ha promovido el uso mecanismos preventivos para mejorar la seguridad y calidad del transporte terrestre. Así, en 2020 emitió 113 mil papeletas por infracciones de exceso de velocidad, nivel sustancialmente mayor al de 2019 (30 mil). Asimismo, en 2020, intervino paraderos informales emitiendo 84 actas de clausura. En cuanto a la labor de prevención SUTRAN en 2020 emitió cerca de 74 mil comunicaciones de alerta de exceso de velocidad a las empresas de transporte.
Por su parte, en el primer semestre de 2021, ATU ha venido impulsando la reforma del sector transporte y a la vez aplicando medidas fiscalizadoras y preventivas vinculadas a la seguridad y combate de la informalidad, emitiendo 55,705 actas de fiscalización, (70% de carácter orientativo). Asimismo, impuso 745 sanciones firmes por infracciones relacionadas a la informalidad, de las cuales 31% fueron a taxis y colectivos informales mientras el 69% por transporte urbano regular.
No es casual entonces la resistencia de parte de sectores de transportistas que durante mucho tiempo han operado al margen de la fiscalización y la supervisión de las autoridades. Reducir la informalidad, mejorar los niveles de seguridad y calidad de los servicios requiere fortalecer la institucionalidad. Este fortalecimiento pasa por garantizar un manejo técnico de la SUTRAN y la ATU y un nivel mínimo de continuidad a las autoridades encargadas de tan importante tarea.