Álvaro Monge Zegarra, Socio de Macroconsult
De acuerdo con información compilada por el INEI, entre el 2015 y 2020 se registraron más de 2 mil denuncias de trata, con un 22% de estas relacionadas a explotación sexual. Asimismo, según el Reporte de Tráfico de Personas elaborado por el Departamento de Estado de los EE.UU. en 2021 una de las comunidades más vulnerable a la ocurrencia de este delito fue la población LGBTIQ+. Lamentablemente, como se señala en la literatura, esta problemática es escasamente visibilizada por las autoridades, lo que hace difícil definir una agenda de políticas públicas orientada a prevenir la vulneración de derechos fundamentales en este grupo poblacional o procurar su recuperación cuando son víctimas de ello.
Es en este contexto que desde hace algunos meses en Macroconsult y gracias al auspicio del CIES y el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer venimos investigando las causas y consecuencias de que una persona de la comunidad LGTBIQ+ sea víctima de trata con fines de explotación sexual. Para ello, usamos como fuentes de información la ENAPRES de 2019 y la Encuesta Virtual para Personas LGBTIQ+ de 2017, ambas ejecutadas por el INEI. Si bien esta ultima encuesta no es representativa para toda la población (por ejemplo, sobrerrepresenta a la población mas educada y joven del colectivo LGBTIQ+) sí permite identificar indicadores vinculados a la probabilidad de ocurrencia del delito de trata. La investigación aun está en curso, pero algunos hallazgos preliminares han sido reveladores. A continuación, resumo los que a mi juicio son los tres más resaltantes asociados a nuestras estimaciones cuantitativas.
Primero, cuando comparamos a la población LGBTIQ+ con el promedio poblacional encontramos brechas en términos de educación e inserción laboral. En particular la población LGBTIQ+ registra la mitad de años de estudio versus la población heterosexual cisgénero y una tasa de desocupación casi cinco veces mayor, lo que limita sus oportunidades económicas. Segundo, en promedio casi 2 de cada 10 personas de la comunidad LGBTIQ+ que realizó trabajo sexual reportó haberlo hecho de manera forzosa, siendo las mujeres trans las que registran la mayor incidencia. Asimismo, la condición de indígena o afrodescendiente, la experiencia de agresión sexual previa, la discriminación en el hogar y la condición de ruralidad incrementan el riesgo de enfrentar trabajo sexual forzoso. Por contraste, un mayor nivel educativo y el soporte al interior del hogar reducen el riesgo de explotación sexual. Tercero, la principal consecuencia asociada a esta vulneración de derechos se registra en la forma de problemas de salud mental entre las víctimas. En particular, estimamos que el trabajo sexual forzoso incrementa en casi 15% la probabilidad de que la víctima sufra este tipo de problemas, los que sin atención oportuna terminan profundizando las inequidades vinculadas a este grupo poblacional.