Elmer Cuba, socio de Macroconsult
La economía peruana se apresta a alcanzar tasas de crecimiento relativamente bajas durante el siguiente quinquenio. Para comenzar, por debajo del crecimiento mundial y cercanas a las esperadas para América Latina y el Caribe. Sin embargo, el PBI per cápita peruano llega a solamente dos tercios del promedio regional. Es decir, ni siquiera mejoraremos nuestra posición relativa dentro del barrio.
El rol de la política macroeconómica como reactivadora de la demanda agregada por ahora ya se agotó. EL BCRP viene retirando el impulso monetario desde agosto y ha anunciado que continuará en esta dirección en los próximos meses.
Por su parte, el MEF pasaría a una postura fiscal neutral, luego de los impulsos fiscales de 2020 y 2021. No se seguiría con la política de bonos a las familias en 2022 ni políticas de empleo transitorio en 2023, para que puedan activar una suerte de multiplicador keynesiano. La inversión pública, que alcanzó niveles récord en 2021, no parece que seguirá creciendo a esa velocidad. Menos cuando la reconstrucción con cambios se termine y en 2023 asuman las nuevas autoridades en los gobiernos regionales y locales.
Las familias que retiraron parte de su fondo de pensiones y de CTS ya han gastado parte de esos activos y/o decidido mantenerlos bajo otras formas de ahorro.
El gobierno, que recurrentemente hace referencia “al pueblo”, no está realizando ninguna política que pueda elevar la tasa de crecimiento esperada para el quinquenio. Se ha centrado en políticas de corto plazo y bajo alcance, y a otros menesteres, dejando de lado una línea estratégica de hacia dónde quiere llevar al país.
Desde el discurso inicial de toma de mando, el gobierno se ha centrado en una discusión ideológica sobre el rol de la minería, tal vez el único sector en donde nuestro país es de clase mundial, junto con la agroexportación y el turismo -incluida la gastronomía.
Se ha dedicado a una (así llamada) segunda reforma agraria, que toma la forma de mejores precios de fertilizantes (con subsidios), franjas de precios que -con los precios de hoy en día- no son relevantes, compras estatales y pequeñas obras de irrigación, que están por hacerse.
Ha gastado energías (y con palabras imprecisas como “nacionalizar”) en una mayor masificación del uso del gas natural en el sur del país. Algo positivo pero que no alcanza a mejorar mucho los bolsillos de las familias usuarias pobres, que hoy ya gozan del subsidio FOSE para el GLP. Dicha masificación en el mejor de los casos se daría en 2025. Enhorabuena si es posible su realización en condiciones de creación de valor.
Existe evidencia -por ahora anecdótica- de retrocesos en la burocracia de importantes ministerios como transportes y comunicaciones, energía y minas, y educación. Ellos son centrales para la productividad y el capital humano, que como se sabe son tan importantes como la inversión privada en el crecimiento de largo plazo.
Si el gobierno busca acelerar el crecimiento económico y mejorar los ingresos familiares de manera sostenible aún puede hacerlo si descarta la búsqueda de una asamblea constituyente (aunque no lo diga), mejora la calidad y cohesión del gabinete y logra sacar adelante proyectos importantes y emblemáticos. Hay varios en infraestructura de transporte, irrigación en el norte y en el sur y varios proyectos mineros.
A estas alturas -afortunadamente para el pueblo- poco ha quedado del discurso de toma de mando del presidente Castillo de hace menos de seis meses, pero no ha sido llenado por uno nuevo. Aunque esto puede ser ya mucho pedir. Con que se mantenga alejado de políticas populistas bastaría para no perder aún más el paso. Pero, si quiere honrar su promesa de mejorar la calidad de vida de los sectores populares tiene que acelerar el crecimiento económico.