Por Álvaro Monge Zegarra, Socio de Macroconsult
De acuerdo con la trayectoria observada en el mercado de trabajo, la población de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan (conocidos como “ninis”) se ubicaría por encima de los 1.5 millones en 2021 (alrededor del 20% del total del grupo etario). Dada su importancia y las potenciales consecuencias asociadas a su vulnerabilidad social, este es un grupo poblacional que requiere particular atención del gobierno. Al respecto, como ya ha comentado Yohnny Campana en una entrevista reciente para este diario, para implementar medidas sensatas que ataquen el problema de los “ninis” es preciso diferenciar el tipo de restricciones que enfrentan. En otras palabras, esto significa ofrecer oportunidades de estudio adecuadas para aquellos que desean estudiar y oportunidades de trabajo adecuadas para quienes desean trabajar.
Si es que esta idea es correcta, entonces ¿es razonable una propuesta que pretenda reintroducir la obligatoriedad en el servicio militar juvenil? La respuesta es no. Y no solo porque atenta contra las libertades fundamentales de los ciudadanos, sino porque además la implementación es complicada y la evidencia no acompaña los resultados que la medida pretende lograr. Por un lado, respecto de la implementación habría que definir “desempleo” en un contexto de informalidad laboral, armar los padrones de “ninis” susceptibles de ser actualizados por cada cambio de condición de actividad y asegurar la capacidad cuartelaria para albergar a los reclutas. Por otro lado, respecto a los resultados esperados, la evidencia sugiere que el confinamiento militar no es un instrumento adecuado para mejorar el desempeño educativo o laboral de jóvenes e incluso pareciera no reducir los niveles de criminalidad. Por ejemplo, Sebastian Galliani, Martín Rossi y Ernesto Schargrodsky estudiaron esta cuestión para los jóvenes argentinos que participaron en el servicio militar entre 1927 y 1975. Los autores encontraron que de hecho el confinamiento habría incrementado la probabilidad de ocurrencia de actos delictivos por parte de los jóvenes en la adultez. Mientras tanto, Frank Hubers y Dinnand Webink hallan que, para el caso de los Países Bajos, el servicio militar se vincula con efectos negativos y de largo plazo en el acceso a educación superior y el perfil de ingresos de los egresados.
Puesto de ese modo, entonces una avenida de políticas públicas más razonable para atender la población de jóvenes que no estudian ni trabajan, se vinculan con reactivar rápidamente la economía, crear suficientes puestos de trabajo para esta población, asegurar servicios educativos de calidad y resolver las restricciones de acceso que enfrente grupos particularmente vulnerables (jóvenes madres, por ejemplo) ampliando su libertad para aprovechar oportunidades económicas y no restringiéndola.