Gabriel Guevara, economista juniorde Macroconsult
La discusión sobre la vulnerabilidad en el Perú, si bien no es reciente, toma especial relevancia tras eventos que terminan afectando duramente el bienestar y la estabilidad de las familias peruanas, tal como ocurrió con la crisis generada por la pandemia del Covid-19 o los recientes daños por exceso de lluvias ante la formación del Ciclón Yaku en las zonas norte y centro del país. Y es que este tipo de eventos adversos revelan la incapacidad que tienen ciertos hogares para prevenir, afrontar y superar oportunamente las afectaciones a su bienestar. Ello podría deberse a múltiples factores como una mala gestión de los riesgos, condiciones débiles del hogar o a un ineficiente sistema de protección social.
En el país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima de manera oficial la vulnerabilidad económica a la pobreza monetaria, definida como el riesgo de que la población no pobre caiga en la pobreza al experimentar algún shock adverso. La medición de este tipo de vulnerabilidad es útil a nivel de políticas públicas, ya que se vincula directamente con las acciones para reducir la pobreza monetaria que ha estado y sigue en agenda en el país, ampliando la discusión sobre la compleja dinámica que enfrentan las familias menos favorecidas. No obstante, según diversa literatura, los individuos pueden experimentar diferentes tipos de vulnerabilidades, más allá si caen en la pobreza monetaria o no, los cuales estarían asociados a múltiples condiciones sociales y económicas.
Entre ellas, la vulnerabilidad financiera supone la carencia de activos líquidos de una persona u hogar (ej. ahorros) que revelen su incapacidad de hacer frente a una pérdida de ingresos y, por tanto, de mantener un nivel de gasto corriente (PNUD, 2020; Arellano y Cámara, 2020). Si bien este tipo de vulnerabilidad se encuentra altamente asociado a la pérdida de ingresos, su definición podría extenderse a un contexto en el que se requiera contar con recursos monetarios en un corto plazo para afrontar una situación adversa que afecte sustancialmente el bienestar de la persona u hogar, como pueden ser el fallecimiento de algún miembro, pérdida material o daños a la infraestructura.
La medición de la vulnerabilidad financiera en Perú puede explorarse con la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras elaborada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), cuyos principales resultados de la tercera edición (2023) reporta los niveles de conocimiento, actitudes y comportamientos de la población adulta en temas financieros para el 2022, siendo comparable con la segunda edición realizada para el 2019.
La encuesta pregunta por el tiempo que la persona podría cubrir sus gastos sin pedir dinero prestado ante la pérdida de su principal fuente de ingresos, hallando que el 33% de la población adulta en 2022 no podría cubrir sus gastos por más de un mes, encontrándose así en una situación de vulnerabilidad financiera: esta cifra supera en 5 puntos porcentuales lo reportado para el 2019 en un contexto pre pandemia. Asimismo, la encuesta aborda otros indicadores que permiten explorar elementos relacionados con la vulnerabilidad financiera. Si bien aumentó la preferencia de los adultos por ahorrar para el futuro respecto a gastar dinero en este periodo (pasando de 55% a 65%), la tasa de adultos que lograron ahorrar en los últimos doce meses se redujo. En línea con lo anterior, en el 2022 la mayoría de la población adulta (56%) tuvo que endeudarse para cubrir sus gastos, siendo mayor a lo obtenido para el 2019 (45%). Finalmente, los resultados de la encuesta reportan que la proporción de adultos que tienen conocimientos financieros adecuados no mejoró durante este periodo.
En suma, resulta necesario promover e impulsar acciones de política pública que permitan reducir la vulnerabilidad financiera de la población, especialmente con fines preventivos ante la ocurrencia de eventos adversos de gran magnitud que terminen afectando su bienestar. Como bien señalan Arellano y Cámara (2020), este objetivo no solo es cuestión de mayores ingresos (aunque ciertamente es un elemento decisivo), sino que pueden adoptarse medidas para incrementar la resiliencia financiera de la población a través de un mejor manejo de las finanzas personales a lo largo de la vida. En ese frente, iniciativas que promuevan la alfabetización y educación financiera, así como la planificación a futuro dentro de los hogares, son relevantes.