Álvaro Monge, socio de Macroconsult
Cuando hablamos de protección social, usualmente hacemos referencia a un ordenamiento institucional que implementan los Estados que permite a sus ciudadanos enfrentar un conjunto de riesgos que de otra forma no hubieran podido administrar. Algunos de estos riesgos son aquellos vinculados a la pérdida de capacidad de generar ingresos de manera autónoma producto del envejecimiento. De ahí surge el sistema de pensiones como el mecanismo que evita, en la medida de lo posible, que los adultos mayores de una sociedad caigan en pobreza. Estos sistemas funcionan a través de distintos esquemas de ahorro a partir de los cuales una fracción de los ingresos se acumulan y rentabilizan durante la vida laboral de modo que sean usados para adquirir pensiones al dejar de trabajar. Como es obvio, en una sociedad habrá ciudadanos con una mejor o peor capacidad de ahorro dependiendo de su nivel de capital humano acumulado. En aquellos casos cuando la capacidad de ahorro es baja o muy baja, los Estados subsidian total o parcialmente la pensión o incluso implementan esquemas de garantías mínimas. No obstante, más allá de los arreglos específicos que logren cada uno de los países, no puede perderse de vista el objetivo de protección social que justifica el sistema: proveer una pensión adecuada. Este objetivo, en el caso peruano, no se cumple.
Por un lado, nuestro Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha dejado de producir pensiones. Como muestra la estadística de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) desde la entrada en vigor de la norma que permite el retiro del 95,5% de los fondos previsionales, el flujo de nuevos pensionistas es insignificante. Es decir, llegada la edad de jubilación, lo usual es que el afiliado al SPP retire su fondo de pensiones (aproximadamente el 99% opta por este camino) con la esperanza de obtener ingresos que superen a los de una pensión. Lamentablemente, la evidencia que ha producido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre este tema no permite ser optimista. De acuerdo con los autores, los bajos niveles de educación financiera, la velocidad con la que se gastan los fondos y la inversión en vehículos de aparentemente poca rentabilidad, son al menos motivos de preocupación. Esto posiblemente se agrave en el tiempo tomando en cuenta la reducción en los fondos de capitalización producto de las normas que ampliaron su disponibilidad entre 2020 y 2021. De no existir mecanismos de reposición, los ahorros disponibles al final de la vida laboral de los ciudadanos serán menores limitando aún más sus opciones de inversión.
Por otro lado, si bien en nuestro Sistema Nacional de Pensiones (SNP) la única posibilidad es tomar una pensión, esta opción está sujeta a una serie de condiciones y restricciones. La condición más importante es el límite en los años de aporte: 20, 15 o 10 años para acceder a pensiones mínimas proporcionales. La restricción más importante es el segmento en que opera el SNP: fundamentalmente en la base de la pirámide del empleo formal urbano. Ahí, no solo la productividad es más baja (lo que hace que los aportes sean más pequeños) sino que las transiciones entre el mercado formal e informal es más alta (lo que hace que estos aportes sean también menos comunes). Como resultado, las prestaciones del sistema serán muy pequeñas y poco frecuentes, lo cual, en ausencia de pensiones universales, limita la protección en los segmentos más vulnerables de la sociedad. Sobre este último punto un hecho a destacar es Pensión 65. Es decir, el programa social que funciona como solución imperfecta al problema pensionario de quien no pudo ahorrar. La cobertura de este programa al 2021 no supera los 600 mil adultos mayores. Asimismo, el subsidio se ha mantenido estancado en S/125 mensuales desde su creación. Este último hecho es relevante en la medida que implica una pérdida de capacidad de compra superior al 30% a lo largo de sus casi 10 años de vigencia y que su valor hoy represente menos del 35% de la canasta básica familiar.
Frente a este panorama y, tomando en cuenta la transición demográfica que viene ocurriendo en el país, es prioritario empezar a orientar reformas que permitan a nuestro precario sistema previsional recuperar su capacidad de proveer pensiones de calidad al menor costo posible. Para ello, es necesario definir arreglos institucionales que garanticen, mínimamente, la cobertura universal de pensiones y provean un adecuado financiamiento a estas. Con estos objetivos de política en mente, parte del debate deberá girar en torno a resolver la desarticulación del sistema integrándolo en un esquema de tres pilares mixtos. Uno de ellos, por ejemplo, donde el Estado tenga un rol mas activo subsidiando pensiones en los segmentos mas vulnerables; otro donde el sector privado sea el protagonista a partir de sistemas de ahorro individual en los segmentos que sí pueden ahorrar (limitando el rol del Estado a la promoción y regulación); y uno intermedio donde coexista la iniciativa privada con garantías públicas o cierta solidaridad intrasistema. No obstante, como condición previa, la economía debe retomar su crecimiento de modo que permita una adecuada recuperación del mercado laboral formal y se resuelvan las serias restricciones fiscales que enfrentamos, condiciones imprescindibles para llegar a sistemas de protección social más eficientes y equitativos.