Álvaro Monge Zegarra, socio de Macroconsult
Los acontecimientos de los últimos días han vuelto a poner de manifiesto el grave contexto de incertidumbre e inestabilidad política que vive el país. En los últimos tres años, no solo hemos tenido hasta cinco presidentes y tres renovaciones completas del Congreso, sino que hemos sido testigos de graves episodios de violencia que han llevado incluso al lamentable fallecimiento de compatriotas.
En tales circunstancias ha sido imposible articular consensos alrededor de una agenda de crecimiento y desarrollo medianamente creíble viéndose seriamente afectada la capacidad de que nuestra economía pueda asegurar condiciones de vida adecuadas a sus ciudadanos. Y es que a pesar de que hay instalada una narrativa sobre el divorcio existente entre la política y la economía, existen hilos conductores que no por ser poco evidentes en el corto plazo dejan de ser cruciales para el mediano y largo plazo. Esquematizando en extremo, es posible diferencias dos vínculos: directos e indirectos. Los primeros (más evidentes) provienen de la ralentización en la inversión privada que la incertidumbre ocasiona y a partir de ahí su impacto sobre la desaceleración económica y el menor crecimiento potencial. Como resultado, se deteriora el empleo formal, los ingresos de las personas y los recursos fiscales necesarios para financiar políticas, por ejemplo, de superación de la pobreza. Los segundos (menos evidentes), surgen a partir de esta menor disponibilidad de recursos, pero se agravan con el deterioro en la capacidad de gestión y calidad de los principales instrumentos de política pública afectando de manera particular la provisión de servicios a las poblaciones más pobres y vulnerables.
Además, resulta particularmente preocupante que este periodo de inestabilidad coincida con un periodo en el que la economía ha debido soportar choques no menores de naturaleza externa. Primero, la emergencia sanitaria por el COVID en 2020, la posterior recesión producto de las políticas de mitigación implementadas y la baja efectividad de las acciones de alivio transitorias tuvieron efectos negativos sobre la capacidad de que muchos hogares (sobre todo aquellos asentados en localidades urbanas) puedan sostener un nivel de vida adecuado. Segundo, a partir del año 2022, al desencadenarse la guerra entre Ucrania y Rusia, el Perú quedó expuesto al alza de las cotizaciones y la menor oferta de fertilizantes a nivel global que golpearon aún más a las economías familiares, pero esta vez sobre todo a partir del aumento en el costo de la canasta básica de consumo. Es decir, un periodo donde el Estado debió estar a la altura para mitigar el impacto de estos choques.
Lamentablemente, la evidencia parece confirmar que ese no fue el caso. Como resultado, de acuerdo con estimaciones que hemos realizado en Macroconsult hoy en día somos una economía con un crecimiento potencial por debajo del 3%, con un mercado laboral cuya informalidad oscila alrededor del 75% y una tasa de pobreza estabilizándose alrededor del 25% en los próximos dos años. Además, de acuerdo con información divulgada por FAO en agosto de este año también somos el país con los mayores niveles de inseguridad alimentaria en Sudamérica alcanzando a casi el 50% de la población. Este ultimo hecho no es menor tomando en cuenta que pone en riesgo los avances logrados en la última década en materia de nutrición infantil, lo que sumado a las pérdidas en términos de rendimiento educativo (producto del excesivo cierre de escuelas) impide ser optimista sobre la capacidad de acumulación de capital humano en nuestra sociedad en las siguientes décadas. Por ello, es imperativo superar el periodo de inestabilidad lo más pronto posible y empezar a delinear una agenda de desarrollo. Caso contrario, es muy difícil prever que estas tendencias se vayan a revertir, siendo el principal afectado de ello no solo el ciudadano de a pie, sino sobre todo las hijas e hijos del ciudadano de a pie.