Álvaro Monge, socio y gerente de Macroconsult
A fines de mayo el Congreso aprobó duplicar en un horizonte de cuatro años el Impuesto de Promoción Municipal (IPM, de 2% a 4%) reduciendo en una cifra equivalente el Impuesto General a las Ventas (IGV, de 16% a 14%). Si bien aritméticamente la medida pareciera neutral (la carga impositiva para el ciudadano se mantiene en 18%) en términos fiscales actúa como una transferencia de recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. Esto ocurre porque el IPM es la principal fuente de financiamiento del Foncomun que es a su vez un fondo cuyo destino son los municipios, a diferencia del IGV cuyo destino es el gobierno central. El efecto que tendría esta norma en los presupuestos de los municipios no es menor: S/. 8 mil millones de acuerdo con estimaciones del IPE. Usando como referencia las cifras de 2024, estos recursos significarían un aumento de 15% en el presupuesto total municipal o hasta 28% en los de inversión.
El costo de esta decisión ha sido materia de debate entre los economistas en las últimas semanas. Se identifican, entre otros efectos, un aumento de déficit fiscal y el endeudamiento público si es que no se contraen los gastos fuera de la esfera municipal. Es decir, el gobierno central se verá en la necesidad de sustituir los mayores recursos transferidos a los municipios (alrededor del 0.7% del PBI) o bien con deuda o bien contrayendo sus gastos. ¿Vale la pena la decisión? o lo que es lo mismo ¿cuáles son los beneficios asociados a los costos previamente descritos? Aunque no existe evidencia directa para responder esta pregunta, sí es posible hacer una aproximación revisando los impactos que han tenidos otros choques de recursos (como el canon minero) en el acceso a servicios públicos en el largo plazo.
En una reciente publicación, Fernando Aragón de la Simon Fraser University y Hernan Winkler del Banco Mundial investigan esta hipótesis. Sus hallazgos, lamentablemente, son poco alentadores. Los autores no encuentran efectos significativos ni robustos usando diferentes definiciones de brechas de infraestructura y bajo diferentes ejercicios de evaluación. Esta evidencia es compatible con otras investigaciones realizadas por otros autores en el pasado que arrojan también resultados ambiguos y poco concluyentes en indicadores de cobertura. Incluso cuando estos impactos son positivos los efectos son pequeños en comparación con las transferencias recibidas. Las explicaciones usuales ante esta falta de impactos son las ineficiencias en la asignación, preferencias desalineadas con necesidades, problemas de ejecución presupuestal o clientelismo. En cualquier caso, la literatura disponible permite ser escéptico sobre beneficio social neto de largo plazo de la norma, sobre todo, si es que previamente no se han abordado, por lo menos, aspectos como las capacidades locales, sistemas de rendición de cuentas o criterios de asignación presupuestal.