El reto de la protección social en el Perú

Por: Álvaro Monge Zegarra

Fuente: Diario Gestión

Fecha: 27 – 01 – 2020

El Perú, como otros países de renta media en América Latina, enfrenta el dilema de brindar protección social a sus ciudadanos en contextos de elevada informalidad y escasos recursos públicos. Ambas restricciones impiden desplegar sistemas de aseguramiento contributivo o programas de asistencia no contributivos con el objetivo de ayudar a las personas a administrar los riesgos de pobreza, salud o desempleo que enfrentarán en su vida.

Así, ocurre lo que el Banco Mundial en su publicación del año 2007 “Informality Exit and Exclusion” denominó los sistemas de bienestar truncados. Esquemas de protección que pueden funcionar relativamente bien, pero para un segmento pequeño de la sociedad (trabajadores formales de altos ingresos) y muy mal para el resto (trabajadores informales de ingresos medios o bajos). Los ejemplos emblemáticos de sistemas de bienestar truncados en el Perú son el sistema de pensiones y el sistema de aseguramiento en salud.

En el primer caso, en la medida que los pilares contributivos (de reparto o capitalización individual) están atados al contrato de trabajo formal determinan niveles de participación relativamente bajos: alrededor del 25% de la PEA cotiza regularmente o, lo que es lo mismo, se espera que en los próximos 25 años más del 30% de la población no pueda optar por una pensión o disponer de una cuenta de ahorro al momento de jubilarse. Más de 2 millones de peruanos mayores de 65 años no contarían con dicha cobertura, incluso descontando a la población pobre extrema cubierta por el programa Pensión 65.

En el segundo caso, el pilar contributivo (Essalud) también está atado al contrato de trabajo formal lo que determina nuevamente niveles de cobertura bajos (alrededor del 30% de la población). Sin embargo, en este caso la respuesta de política pública ha sido distinta: universalizar paulatinamente el beneficio no contributivo o SIS.

De este modo, en la actualidad el SIS cubre casi al 60% de la población por lo que, si bien la brecha poblacional prácticamente desaparece, emerge la brecha financiera resultado de las restricciones fiscales e ineficiencias propias del sistema. De acuerdo con el informe de la Comisión de Protección Social del año 2017, la capacidad que tiene el SIS para financiar el paquete de beneficios que supone es de apenas el 20% del costo total.

Lo que ocurre es que sin resolver los problemas estructurales atados al mercado laboral o al espacio fiscal, los sistemas de protección social (de cualquier tipo) terminarán truncándose bien sea por cobertura poblacional o calidad de los servicios. Más aún, sociedades que administran inadecuadamente sus riesgos no solo imponen efectos adversos en el bienestar de sus ciudadanos, sino generan consecuencias negativas en términos de su productividad agregada perpetuando un círculo vicioso también llamado trampa de ingreso medio.

El reto de la protección social en el Perú