Editorial: Sobre los sueldos de alcaldes

Elevar el sueldo de los alcaldes es una buena idea. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha retrocedido con respecto a su propuesta inicial en ese sentido.

Hace pocos días, el presidente Martín Vizcarra anunció que antes de marzo el gobierno iba a aumentar los sueldos de los alcaldes. Casi de inmediato, Mesías Guevara, el gobernador de Cajamarca y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), se opuso, aunque aclaró que lo hacía a título personal, porque aún no había tenido oportunidad de consultar con la ANGR. Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), también señaló su oposición al aumento.

El presidente Martín Vizcarra no dio detalles del contexto o alcances de la medida que anunció, excepto que respondía al pedido de muchos municipios. No obstante, consideramos que está en la dirección correcta al contribuir a superar los principales males que aquejan al sector público, como su ineficiencia administrativa, la pobre calidad de los servicios que brinda al ciudadano y su alta corrupción. Es indudable que solo aumentar los sueldos no basta para superar estos males, ya que se requieren otras acciones que ataquen, de manera simultánea, los graves problemas de gestión pública a distintos niveles de gobierno, pero debe reconocerse que sin remuneraciones competitivas no se conseguirán avances duraderos. Esto ocurre porque la calidad de la administración o de los servicios que brindan las instituciones del Estado (como pasa también en el sector privado) depende de la preparación y capacidad de las personas involucradas y esta calidad está directamente relacionada con las remuneraciones que reciben. Por ello, a pesar de que muy pocas veces los funcionarios públicos han tenido sueldos competitivos, desde que el presidente Alan García, de manera demagógica e irresponsable, rebajó las remuneraciones de los funcionarios del Estado, una parte importante del personal competente abandonó el sector público, lo que se refleja en la cada vez más pobre calidad de los servicios que se proporcionan. La población hace patente esta situación con sus quejas sobre los servicios de salud, educación y seguridad, entre otros.

En el caso de autoridades electas, como son gobernadores regionales o alcaldes, el aumento de remuneraciones es aún más importante, ya que el rango que les corresponde es muy amplio. Por ejemplo, para los alcaldes va de S/ 1,040 a S/ 11,050, dependiendo de la población electoral, con una mayoría en el rango inferior. Además, porque esa remuneración establece el tope para la estructura de sueldos del personal de la municipalidad. Esto determina que alcaldes como el del distrito de San Marcos, en Áncash, donde queda la mina Antamina, reciba S/ 3,250 al mes, con todo su personal con remuneraciones por debajo de ese tope, y maneje un presupuesto de S/ 220 millones. Con tamaño contraste entre las remuneraciones de los funcionarios y las cada vez mayores responsabilidades asignadas, no es de extrañar la alta corrupción que se registra en los entes públicos, incluyendo los gobiernos regionales y municipales. Como la bandera principal que enarbola el presidente es la lucha contra la corrupción, por ahora centrada, sobre todo, en la contratación de obra pública por el gobierno central, la extensión natural de esta lucha es llevarla a nivel de los gobiernos regionales y municipales, donde pareciera que la corrupción es igual o mayor, y la proporción de la ejecución presupuestal, como parte del presupuesto total, ha crecido durante los últimos años.

Por otro lado, la oposición al anuncio del presidente no se explica, excepto por motivos ajenos a la gestión regional o municipal. Mesías Guevara, militante de Acción Popular, normalmente debería estar solicitando la extensión de los aumentos a los gobernadores regionales. Sin embargo, su posición podría ser parte de una agenda más amplia, ya que pareciera que luego de su elección como gobernador y de presidente de la ANGR, estaría asumiendo posiciones políticas más radicales, acaso con el propósito de ampliar su horizonte político. Por ejemplo, recientemente ha declarado que hay que cambiar el capítulo económico de la Constitución vigente. Álvaro Paz de la Barra, también militante de Acción Popular, acompañó a su correligionario mostrándose en contra de los aumentos de remuneraciones a los alcaldes, que él debería reclamar, como presidente de la AMPE, y a favor de cambiar la Constitución.

En consecuencia, no parece haber una oposición real al anuncio de presidente, sino más bien, como él lo manifestara, un pedido de los mismos alcaldes para que se produzcan aumentos. Es por esta razón que ha llamado la atención la marcha atrás del presidente, al anunciar que los aumentos serán solo a los alcaldes con menores ingresos. Sin perjuicio de ello, haría bien el presidente Vizcarra en retomar la agenda de reforma del servicio civil y otras a mediano plazo, que permitan no solo revertir las distorsiones remunerativas identificadas, sino la calidad (eficiencia y eficacia) de la administración pública.

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