Editorial: Seguridad jurídica y propiedad privada

Los recientes hechos de violencia ocurridos en La Libertad dan pie para reflexionar sobre el respeto a la propiedad privada en nuestro país.

Un grave atentado en contra de la Policía Nacional del Perú ha ocurrido en la región de la Libertad. Aproximadamente 2,000 invasores ocuparon ilegalmente tierras de propiedad privada y del proyecto de irrigación Chavimochic. Además, emboscaron y atacaron a las fuerzas del orden que se disponían a realizar su desalojo, dejando el saldo de un muerto, 14 heridos (12 policías y un propietario de las tierras invadidas) y nueve vehículos incendiados (un ómnibus en el que se desplazaban los policías, seis patrulleros y dos vehículos particulares). De acuerdo con la prensa, los invasores atacaron con armas de fuego, bombas molotov y piedras.

Lo que ha sucedido no sorprende porque la conducta de sucesivos gobiernos ha sido la de desproteger a la institución que tiene la misión de mantener el orden y hacer que se cumpla la ley. El caso de la masacre de 23 policías en Bagua, durante el gobierno de Alan García, sin que hasta ahora se haya castigado a los autores de estos crímenes; o el de Antauro Humala (enero 2005), quien durante el gobierno de Alejandro Toledo asaltó con hombres armados una comisaría en Andahuaylas (hubo cuatro policías muertos) y ahora está próximo a salir en libertad; ilustran la falta de apoyo a la Policía. Más todavía, se ha hecho usual que las fuerzas del orden sean enviadas a controlar movilizaciones violentas con el mandato de no usar la fuerza, lo que expone a la institución al irrespeto y la humillación, y pone a los policías en situación de riesgo extremo.

Lo que está sucediendo en La Libertad, sobre todo en el contexto de la proliferación de actos de fuerza que se están registrando en varias partes del país, llama a dos reflexiones que consideramos necesarias exponer. En primer lugar, debemos relevar algo que, por lo general pasa desapercibido, y es la falta de protección que tiene la propiedad privada entre nosotros. Cuando se estudian las razones que han llevado al éxito a las naciones modernas, por lo general se encuentra que su rápido progreso ha estado asociado de manera relevante con la imposición y el respeto de este derecho. Un ejemplo reciente es el cambio radical que ha experimentado China, que de ser una de las naciones más atrasadas de la tierra bajo el sistema colectivista, dio un salto cualitativo y cuantitativo sin precedente, luego de que Deng Xiaoping introdujera en los setenta el derecho a la propiedad privada. Hoy, China es uno de los dos países económicamente más poderosos del mundo. Al respecto, Francis Fukuyama sostiene que una de las funciones básicas de un Estado moderno es garantizar la propiedad privada. En este caso, los invasores ocupan tierras privadas o que habiendo sido públicas han sido entregadas en concesión a un proyecto de irrigación, para luego ser transformadas, mediante su venta, en empresas agrícolas privadas. Si esta invasión es exitosa, se habrá violado una vez más el derecho a la propiedad privada y las tierras del proyecto Chavimochic, en su conjunto, estarán en peligro.

La segunda tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el resguardo del orden público. Si la ley no se cumple, como viene sucediendo cada vez con mayor frecuencia, no se está satisfaciendo una condición necesaria para generar inversión: la garantía que debe dar el Estado a la estabilidad jurídica y al mantenimiento de las reglas del juego. El desorden y el uso de la violencia por minorías organizadas como medio para imponer sus intereses afectan de manera negativa el crecimiento de la economía y minan la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático de gobierno. La institución encargada de hacer que se cumpla la ley y se mantenga el orden público es la Policía, que, dentro de un Estado de Derecho, tiene el monopolio de la violencia, la que puede y debe usar cada vez que la paz ciudadana y el orden jurídico son puestos en riesgo por minorías o delincuentes. En consecuencia, la Policía debe contar con el apoyo del gobierno y de los ciudadanos de bien.

El presidente Martín Vizcarra ha puesto en claro una conducta de gobierno que, por el contrario, rechaza el uso de la violencia por parte del Estado, mientras la acepta de manera implícita por parte de los que violan la ley. En cada uno de los casos que ha debido enfrentar, su respuesta ha sido, primero la inacción, luego el diálogo y, finalmente, ha terminado cediendo ante las demandas. Ahora, de nuevo está ante una decisión crucial: por un lado, puede apoyar a las fuerzas de la Policía con todo el peso de su investidura, y ordenar el desalojo inmediato de los invasores y la captura y juzgamiento de los culpables del ataque; o, por otro, puede encontrar excusas para no actuar y aceptar la situación, con lo cual solo estará alentando más invasiones y actos de violencia similares en el resto del país.

Hay que tener en cuenta que en estos días están llegando al Perú ejecutivos mineros de todo el mundo que van a asistir a la convención minera Perumin, que se llevará a cabo la próxima semana en Arequipa, y estarán observando con atención la decisión que adopte el gobierno. Ellos van a evaluar con sumo interés el curso que se siga, para ver si el presidente Vizcarra corrige la conducta que exhibió en el caso de Tía María; o si, por el contrario, confirma la sospecha de que, en el fondo, es aliado de los que recurren a la violencia, como lo hizo cuando encabezó el “Moqueguazo” siendo presidente de la Región Moquegua.

Editorial: Seguridad jurídica y propiedad privada