Editorial: Lucha contra la corrupción en 2019

El balance del proceso de lucha contra la corrupción durante este año es positivo. Sin embargo, debemos avanzar en la pelea contra otros delitos igualmente importantes como el narcotráfico.

El año 2019 será recordado por los duros enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que terminaron en el cierre del Congreso; y, como telón de fondo de lo anterior, por la lucha que está librando un grupo pequeño de autoridades para poner al descubierto los casos de corrupción en los que estarían comprometidos connotadas figuras políticas.

Una evaluación objetiva permite concluir que, contra todo pronóstico, se están realizado avances importantes en la lucha contra la corrupción, pudiéndose especular que, por lo menos en lo que tiene que ver con denuncias e investigaciones, el Ministerio Público se encuentra en etapa avanzada. Es de esperar que estas no se prolonguen excesivamente y durante 2020 puedan formularse las primeras acusaciones.

Este resultado es destacable porque en los tres años transcurridos desde que estalló el escándalo de las coimas de Odebrecht a políticos, se ha implicado a gobernantes y autoridades de casi todos los niveles. Los cuatro últimos presidentes están acusados de posibles actos de corrupción: Alejandro Toledo, preso en Estados Unidos, esperando su extradición; Alan García, que cometió suicidio cuando iba a ser detenido por la Policía; Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, con impedimento de salida del país, luego de haber sufrido prisión preventiva; y, Pedro Pablo Kuczynski, con prisión preventiva en su domicilio. Además, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien también sufría prisión preventiva, ha sido liberada por decisión del Tribunal Constitucional, aunque las investigaciones en su contra continúan. También han sido acusados de presuntos delitos los dos últimos alcaldes de Lima, Susana Villarán y Luis Castañeda. Sufren condena los gobernadores regionales de Áncash, Carlos Álvarez, y del Callao, Félix Moreno, y guarda prisión preventiva el Gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio. Por último, ha sido involucrado César Villanueva, dos veces presidente del Consejo de Ministros (gobiernos de Ollanta Humala y de Martín Vizcarra).

Este resultado contrasta con la evolución que han tenido en otros países los sobornos otorgados por Odebrecht a gobernantes y políticos. Hace tres años, ante la justicia de Estados Unidos, Odebrecht reconoció que entre 2001 y 2016 había pagado US$ 788 millones para obtener más de 100 contratos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. En la mayoría de estos países los montos eran superiores a los que declaró haber otorgado en Perú. Sin embargo, hasta donde se sabe, en la mayoría de esos países los procesos de investigación no han tenido resultados comparables a los de Perú. Es posible entonces que lo que está sucediendo en nuestro país sea algo particular y más profundo, que esté rompiendo la capa de protección y silencio que ha venido protegiendo a los corruptos. Si este es el caso, podemos estar en medio de un proceso regenerador que puede restituir un cierto grado de limpieza y transparencia a la gestión pública. Una muestra pueden ser las recientes denuncias y detenciones de personal de alto nivel del Ejército y la Policía, acusado de integrar bandas que venían operando desde hace varios años. En el caso del Ejército, acaban de ser detenidos 21 miembros de la institución, incluyendo cuatro generales, por integrar una mafia que venía robando combustible en cinco regiones desde 2013. Con anterioridad habían sido acusados y detenidos 40 miembros de la institución, incluyendo los generales Edwin Donayre, excongresista, y César Reynoso, por el mismo delito. En la Policía, acaban de producirse dos hechos importantes: la detención de 16 de sus miembros ubicados en Cusco, Moquegua y Puno, incluyendo un coronel y un comandante, acusados de colaborar con el narcotráfico; y la detención de 12 de sus miembros, incluido un coronel, acusados del robo sistemático de mercaderías en la aduana del aeropuerto Jorge Chávez.

Detrás de este resultado está, por un lado, la posición indignada de la población, que si bien no se ha manifestado masivamente en las calles, como se produjo en Brasil, sí se ha expresado permanentemente en las encuestas, donde coloca a la corrupción como uno de los primeros problemas del país. Por otro, a una parte de la prensa, que ha informado con profusión sobre cada caso, algunas veces con exageración. Sin embargo, la fuerza principal de estos logros debe atribuirse a un pequeño grupo de fiscales y jueces que, incluso contra la posición de sus instituciones ha conseguido estos avances. De manera particular debe nombrarse al fiscal encargado del caso Lava Jato, Rafael Vela, y a su principal colaborador, José Domingo Pérez. Ambos, aunque con visibles y lamentables excesos, pero con inteligencia y coraje, han logrado vencer las fuerzas que se oponían a su labor incluidas en su propia institución. No olvidemos que el entonces Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry los destituyó, pero ante la indignación popular los debió restituir en sus labores. Hay que señalar que el trabajo de estos fiscales ha estado marcado permanentemente por la controversia, sobre todo por hacer uso indebido de los alcances de la ley, en particular por el uso excesivo de la figura de la presión preventiva, y por no respetar los derechos de las personas. En dos casos, los de Ollanta Humala y Nadine Heredia y el de Keiko Fujimori, el Tribunal Constitucional anuló las órdenes de detención previa. A pesar de estas fallas, haciendo un balance, pareciera que deben recibir el mérito principal por lo avanzado.

No podemos terminar esta nota sin señalar que la tarea no se ha concluido, porque hasta el momento no existe ningún avance en la solución del problema que está en la base del crecimiento de la corrupción en el Perú: el narcotráfico. Han sido las fuerzas del narcotráfico las que a partir de la década de 1970 comienzan el proceso de corrupción de policías, jueces, periodistas y políticos, a los que posteriormente se han unido mineros informales, contrabandistas y depredadores forestales, entre otros. Mientras estas fuerzas permanezcan intocadas, los avances que se han logrado no serán duraderos.

Editorial: Lucha contra la corrupción en 2019