Editorial: El rompecabezas del transporte en Lima y Callao

En la actualidad, existe una serie de entidades que intervienen en la operatividad del transporte urbano en Lima y Callao.

Con sus casi 10 millones de habitantes, Lima y Callao es, probablemente, uno de los pocos espacios geográficos urbanos del mundo con este nivel de población que no cuenta con una red integrada y consolidada de transporte masivo.

En la región, ciudades con un número menor de habitantes, como Santiago y Río de Janeiro (ambas con poco más de seis millones de habitantes), cuentan con redes maduras de metro y otros proyectos complementarios compuestos por sistemas de buses que buscan resolver el problema de congestión y transporte de sus ciudadanos. La consecuencia de esta situación es que, según la Corporación Andina de Fomento (CAF), actualmente el 25% de los limeños invierte más de dos horas en trasladarse de su hogar al trabajo. Esto afecta la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.

Las razones más importantes que explican el retraso que enfrenta Lima y Callao en materia de transporte están relacionadas con su crecimiento desordenado y no planificado (en 1950 Lima tenía 1.5 millones de habitantes), la existencia de duplicidad de funciones entre autoridades locales y del Poder Ejecutivo, y la falta de sentido de urgencia para la implementación de proyectos de envergadura con alto impacto social. La reciente aprobación, en primera votación, por parte del Congreso de la República de la creación de la Autoridad Única de Trasporte (ATU, que concentrará las funciones vinculadas con la planificación, otorgamiento de autorizaciones de operación, conducción de procesos de promoción de la inversión privada, supervisión y fiscalización y la administración de un sistema integrado de transporte, entre otros) parece ser un paso en la dirección correcta. No obstante, deberá esperarse su ratificación en una segunda votación y luego su proceso de implementación, el cual pasará por la aprobación de un reglamento, la designación de sus autoridades, la aprobación de su presupuesto, entre otros.

Mientras tanto, un gran número de proyectos de importancia para la ciudad siguen estancados. En algunos casos, se trata de proyectos bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo y, en otros, de la Municipalidad. En el caso de los primeros, una de las principales puertas de entrada a la ciudad, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (con más de 20 millones de pasajeros al año), viene esperando hace casi 10 años la construcción de una segunda pista que permita reducir la creciente congestión a la que se ve expuesto dicho terminal. La Línea 2 del Metro, con apenas un 23% de avance, prevé su culminación hacia 2024, debido a retrasos asociados con la lentitud de las expropiaciones. La Línea 3 y Línea 4 del Metro no tienen fecha de adjudicación, en tanto la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte (AATE) ha decidido hacer un nuevo Plan Maestro de Transporte Masivo para Lima y Callao. El Anillo Vial Periférico que lleva años en fase de estudio, según Proinversión, sería declarado de interés el tercer trimestre de 2019.

En lo que se refiere a los proyectos administrados por la Municipalidad de Lima, el Metropolitano, que tiene ocho años, aún continúa en fase preoperativa debido a que falta culminar el corredor segregado. El Tunel La Molina-Angamos aún no se inicia, a pesar de haber sido adjudicado por la Municipalidad de Lima, debido a discrepancias con respecto a los costos de expropiación. Asimismo, proyectos de gran relevancia como la continuación de la Vía Expresa hacia la Panamericana Sur o la culminación de la Costa Verde, se encuentran virtualmente paralizados. Similar suerte ha seguido la carretera Ramiro Prialé, cuya ampliación de 9.6 kilómetros no avanza debido a retrasos en las expropiaciones.

El debate entre los candidatos a las próximas elecciones municipales era el escenario ideal para discutir propuestas en torno a esta problemática. Recordemos que, según las encuestas, el transporte constituye el segundo tema de mayor preocupación para los limeños, después de la seguridad ciudadana. Sin embargo, muy pocos candidatos han hecho referencia a medidas concretas destinadas a destrabar o viabilizar estos proyectos. Por el contrario, varios han buscado atraer votos mediante anuncios de anulación de peajes o terminación unilateral de contratos sin ofrecer alternativas de cambio y sembrando mayor incertidumbre. Si bien algunos proyectos son perfectibles y en otros hay que investigar las irregularidades que se detecten, no se puede perder de vista el objetivo central que deben cumplir las autoridades: brindar a los ciudadanos mejores servicios públicos. En tal sentido, es imprescindible que las próximas autoridades ediles, en coordinación con el Poder Ejecutivo, compartan ese sentido de urgencia necesario que permita reducir la brecha de infraestructura en transporte en la capital y avanzar en la construcción de una ciudad más moderna, integrada y competitiva.

Editorial: El rompecabezas del transporte en Lima y Callao