Editorial: El cártel de la construcción y Provías

Los países que aspiran a consolidar su modelo de economía de mercado deben hacer respetar la libre y leal competencia.

Una de las instituciones básicas para el funcionamiento eficiente de una economía de mercado es el respeto de la libre y leal competencia. Por eso, en países con mercados aún incipientes como el Perú, es fundamental que se brinden señales claras a las empresas y consumidores sobre cuáles son las conductas prohibidas y se establezcan sanciones a quienes las infrinjan. Durante los últimos años, Indecopi ha investigado casos de cárteles y concertación de precios en diversos mercados, como el de gasolinas, farmacias y papel higiénico.

Esta semana, se ha anunciado el inicio de un proceso sancionador a 35 empresas constructoras y 28 de sus ejecutivos, quienes habrían acordado no competir en 112 licitaciones a nivel nacional para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante Provías. Este anuncio, si bien es la culminación de un largo proceso de trabajo que incluyó 45 visitas de inspección y el examen de 12 millones de correos electrónicos entre los años 2002 y 2016, resulta tardío, teniendo en cuenta que los indicios y declaraciones públicas con respecto a la existencia de esta organización datan de hace mucho tiempo.

Si bien el proceso recién se inicia, resulta importante destacar la importancia que reviste, tanto por las características de los actores involucrados (en la lista de investigados se encuentran las principales empresas constructoras del país) como por la oportunidad que ofrece, si se demuestra, para erradicar patrones de conducta ilegales en un sector clave de la economía. Por su magnitud e implicancias, será quizá el caso más significativo en la historia del Indecopi.

De manera paralela a la investigación administrativa a cargo de Indecopi, el Ministerio Público viene desarrollando una penal en fase preparatoria a los miembros del llamado ‘Club de la Construcción’, el cual se centra en un periodo más corto (2011-2014) e involucra además a funcionarios de Provías.

Ambos casos llevarán tiempo, sin embargo, a corto plazo, el Gobierno tiene la oportunidad de plantear reformas que permitan dotar de mayor transparencia a los procesos de contratación de obras públicas, mejorando los esquemas de gobierno de instituciones clave como Provías. Durante años, esa entidad ha sido una de las principales unidades ejecutoras del gobierno central. A pesar de ello, a diferencia de otras organizaciones públicas, no cuenta con un directorio independiente, su director es designado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones y responde directamente a él. Los funcionarios de esta organización no solo habrían protagonizado los casos arriba mencionados, sino también otros vinculados a obras de infraestructura emblemáticas, como la construcción de la Línea 1 del Metro. En un contexto en el cual, acertadamente, el gobierno busca relanzar su modelo de ejecución de obras de infraestructura, surge la oportunidad de dotar a instituciones como Provías, mediante su reorganización, de estructuras de gobierno que aumenten la transparencia y la autonomía técnica necesaria para mejorar la conducción de sus procesos y concursos, reduciendo el riesgo de corrupción y aumentando la competencia.

Por otra parte, algunas empresas importantes del sector construcción, que vienen enfrentando problemas financieros, ya han venido implementando un “control de daños”, con medidas que tienden no solo a revertir la situación económica adversa, sino también a la realización de cambios en su estructura accionaria y orgánica que contribuyan a recuperar su imagen y credibilidad ante la opinión pública. El éxito de estas estrategias a largo plazo dependerá de la coherencia y consistencia de sus actos (y los de sus ejecutivos) a futuro, así como del rol de colaboración que estas muestren en la búsqueda de la verdad.

Pese a los costos que pueda implicar a corto plazo para algunos grupos empresariales, como el hecho de enfrentar procesos de investigación largos que afecten sus resultados económicos, su acceso al crédito o su desempeño, los beneficios a largo plazo de un entorno de mayor competencia y transparencia para la sociedad y los consumidores, son, sin duda, ampliamente superiores.

Editorial: El cártel de la construcción y Provías