Editorial: Dos grandes de Sudamérica tambalean

Las situaciones que atraviesan Argentina y Brasil son preocupantes. En Argentina podría regresar el peronismo y en Brasil, la necesaria reforma de pensiones se encuentra estancada.

Las políticas económicas que se aplican en Sudamérica han diferido, en décadas recientes, entre las de los países del Atlántico, especialmente Venezuela, Brasil y Argentina, que mayormente han tenido una orientación intervencionista, cerrada y populista; y aquellas de los países de la costa del Pacífico, como Colombia, Chile y Perú, economías abiertas, regidas por el mercado, y cuidadosas de los equilibrios macroeconómicos.

Ante la pobre performance de sus economías, los países del Atlántico han estado experimentando crisis económicas agudas que, con la excepción de Venezuela, provocaron cambios de gobierno a favor de mandatarios que prometían el abandono de las prácticas pasadas. Hace tres años Argentina eligió como presidente a Mauricio Macri, quien prometió una orientación liberal. Macri remplazó a Cristina Fernández de Kirchner, que terminó su mandato en medio de escándalos de corrupción y dejando una economía en profunda crisis. Lo mismo sucedió en Brasil a comienzos de año, con la asunción al poder de Jair Bolsonaro, elegido con la intención de acabar con las políticas económicas del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también dejó cuentas fiscales insostenibles y al país sumido en escándalos de corrupción. Estos cambios, y su orientación a favor de economías abiertas y de mercado, fueron percibidos como consecuencia del fracaso de políticas claramente inferiores a las de los países que conformaban la Alianza del Pacífico y que contribuían a reforzarla.

Sin embargo, parece que las expectativas que estos cambios generaban han sido demasiado optimistas, teniendo en cuenta la evolución reciente de Argentina y la alta probabilidad de que en las próximas elecciones (27 de octubre de este año) el peronismo vuelva al poder. A esto se suma que el inicio de la administración del presidente Bolsonaro evidencia la fragilidad de la alianza que lo apoya en el Congreso, en especial en relación con las reformas ofrecidas.

Lo sucedido en Argentina durante el gobierno del presidente Macri es decepcionante. Para dar una idea de los resultados económicos, durante el año pasado, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una caída del 2.6%; el consumo privado, como resultado del comportamiento de la economía, ha experimentado una disminución del 2.8%; la inflación ha vuelto a escalar con un aumento del 47.6%, lo que ha llevado al gobierno a imponer el congelamiento de precios de un conjunto de bienes; la tasa de cambio se volvió a disparar con una devaluación del 114%; el fisco acabó con un déficit de 5.2% del PBI, entre otros. Dejando de lado Venezuela, estos resultados son los peores de América del Sur, e incluso son pésimos a escala mundial. Ante la gravedad de la situación, el gobierno llegó a un acuerdo stand-by por US$ 50,000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de los cuales se desembolsaron US$ 10,000 millones en abril de este año. Este acuerdo implica que el gobierno deberá continuar ejecutando medidas de ajuste económico, por su naturaleza, impopulares. No es de extrañar entonces que en las encuestas referidas a las próximas elecciones presidenciales, el presidente Macri haya sido superado por Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 31.4% de la intención de voto, frente al 30.8% que registra su candidatura.

El presidente Bolsonaro acaba de iniciar su mandato (juró el 1 de enero), por lo que es prematuro adelantar juicio o hacer pronósticos sobre su gestión. Sin embargo, se pueden evaluar, a la luz de lo sucedido en los primeros meses de su gobierno, los factores críticos con los que tendrá que lidiar. El primero y más importante tiene que ver con su fuerza en el Congreso. Su partido, el Partido Social Liberal, tiene una representación exigua en ambas cámaras. En la de diputados cuenta con 53 escaños de un total de 513 y en la de senadores, con cuatro de un total de 81. En consecuencia, depende de las alianzas que pueda haber formado, teniendo en cuenta que en el parlamento existen más de 20 agrupaciones políticas. Al inicio de su gobierno manifestó que en diputados contaba con un apoyo de alrededor de 300 parlamentarios; sin embargo, este no se ha mostrado muy firme y será puesto a prueba cuando se voten medidas o reformas impopulares.

Brasil tiene diversos problemas que le impiden desarrollar su potencial económico. El principal tiene que ver con lo costoso de su sistema de pensiones. Según el Banco Mundial, Brasil gasta en pensiones alrededor del 12% del PBI y absorbe así un tercio del presupuesto público. Bolsonaro plantea una reforma amplia que contempla, entre sus cambios principales, establecer una edad mínima de jubilación (65 años para hombres y 62 para mujeres, ahora es de 55 años para todos). También tener contribuciones progresivas al sistema de pensiones, en función del nivel de ingreso, que van de 7.5% para los más bajos, a 16.79% para los más altos; junto con restricción a la acumulación de beneficios, entre otros. El objetivo es llegar a un sistema de capitalización individual que lo haga sostenible.

El 24 de abril se aprobó la constitucionalidad del proyecto de ley, que ahora pasa a una comisión especial antes de ser tratado por el pleno de la cámara de diputados, donde necesitará ser aprobado por 308 votos, en dos rondas, antes de pasar a la cámara de senadores. Como antecedente, el expresidente Michel Temer no pudo lograr que el Congreso aprobase una reforma de pensiones similar.

La reforma de pensiones es crítica para avanzar en la reducción del déficit fiscal, que el año pasado representó 6.8% del PBI, desde todo punto de vista muy alto, sobre todo teniendo en cuenta que la deuda pública alcanzó 87.8% del PBI en 2018.

Otro factor crítico está relacionado con la calidad de su gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la oposición agresiva que enfrenta de parte del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro ha recibido ataques que involucran a su hijo Flavio y a su partido en supuestos actos de corrupción, que no ha manejado con rapidez y contundencia. Mas importante, ha tenido un primer roce con su Ministro de Economía, Paulo Guedes, al frenar sin consultarle, un alza del 5.7% en el precio del diésel que iba a realizar Petrobras, por temor a una huelga de camioneros. Al final, de acuerdo con sus ministros de Minas y Energía y de Economía, Petrobras aumentó en 2% el precio de la gasolina y mantuvo invariable el del diésel. Como resultado de la gestión, su aprobación en las encuestas ha pasado de 65% en enero a 39% en abril, resultado que lo debilita políticamente y puede hacer más frágil su alianza en el parlamento. Un comienzo no muy bueno para un presidente que generó altas expectativas de cambio.

En consecuencia, a la luz de los resultados, los que esperaban un cambio más duradero en las políticas económicas de los países de Sudamérica pareciera que pecaron de optimistas. Se abre entonces una gran interrogante con respecto a la orientación que dominará en la región.

Editorial: Dos grandes de Sudamérica tambalean