Editorial: ¿Defensa del consumidor?

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso aprobó un predictamen en el que dispone la suspensión obligatoria, por un plazo de 120 días.

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso aprobó un predictamen en el que dispone la suspensión obligatoria, por un plazo de 120 días, del cobro de los créditos de cualquier naturaleza y denominación, contraídos por personas naturales con empresas bancarias y financieras, casas comerciales, cooperativas de ahorro y crédito y toda entidad que realice actividades lucrativas.

Esta iniciativa, que se suma a otras que pretenden intervenir las tasas de interés, comisiones bancarias, entre otros componentes del crédito, surge en un contexto en el que el sistema financiero nacional ha venido realizando la reprogramación voluntaria de los créditos, haciendo uso de una disposición dictada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en abril, a inicios de la emergencia de salud. Como resultado ya se han reprogramado el 61% de los créditos a pequeñas empresas, el 65% de los dirigidos a microempresas, el 48% de los de consumo y el 41% de los hipotecarios.

El propósito del Congreso con esta y otras medidas similares, no parecería tener la intención de solucionar la necesidad de otorgar facilidades de pago a los deudores del sistema financiero, sino realizar gestos políticos de carácter electoral. Lamentablemente, estos son muy costosos para el país y para los peruanos.

En lo que respecta a la disposición que comentamos, los costos e inconvenientes que provocaría son múltiples. Primero, como esta es una disposición obligatoria que va a determinar pérdidas que deberán asumir las instituciones del sistema financiero, aumentará el costo de los fondos que se utilizan, ya que el riesgo asociado al otorgamiento de crédito aumentará. Así, la tasa de interés registrará una tendencia al alza. Segundo, el aumento del riesgo que deberán afrontar las empresas financieras no será similar. Por un lado, las empresas grandes y con carteras de crédito diversificadas van a poder enfrentar las pérdidas y el aumento del costo de su fondeo. Por otro lado, las empresas financieras pequeñas y las que tienen carteras de crédito concentradas en consumo y en microcréditos van a enfrentar un debilitamiento agudo de su situación: deberán absorber las pérdidas resultantes de la moratoria y el aumento del costo de su fondeo. Esto puede generar un deterioro de su posición empresarial a extremos que, si no tienen accionistas con espaldas y disposición de aumentar capital, podrían requerir la intervención de la SBS y, eventualmente, enfrentar su insolvencia. Tercero, en ese escenario, si bien en el sistema bancario existe el seguro de depósito para respaldar a los ahorristas, este cubre cerca de una tercera parte de los depósitos de las entidades que podrían entrar potencialmente en problemas. Por ello, otro sector de posibles perjudicados sería el de los depositantes cuyos ahorros superen el monto del seguro de depósito.

El presidente del Congreso, Manuel Merino, anunció que el predictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor será revisado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Esperemos que esta nueva revisión permita al Congreso reflexionar sobre los efectos nocivos que involucrará la aprobación de una medida de este tipo, sobre ahorristas, pequeñas instituciones financieras y sobre el riesgo asociado a la actividad crediticia y financiera en el país.

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