Editorial: Debilidad del Estado, dos ejemplos

Los acuerdos entre el gobierno y los transportistas de carga pesada y la comunidad de Mayuriaga muestran a un Estado débil.

La semana anterior evaluamos con nota positiva la decisión del gobierno de intervenir en la región de Madre de Dios, con el propósito de detener el grave daño que la minería ilegal está produciendo en el ambiente. Muy a nuestro pesar, nos corresponde ahora señalar dos decisiones del gobierno que tienen consecuencias económicas negativas y pueden estimular comportamientos políticamente no deseados. Nos referimos a los acuerdos con los transportistas de carga pesada -que permitieron el levantamiento del cierre de carreteras que estos habían provocado-, y con la comunidad de Mayuriaga, que permite la reparación del oleoducto norperuano.

En el primer caso, los transportistas de carga pesada bloquearon varios segmentos de la red vial nacional, con mayor fuerza en el kilómetro 48 de ingreso a Arequipa, como medio para imponer un conjunto de demandas. Luego de cuatro días con pasajeros varados, alimentos perecibles perdidos y riesgo de desabastecimiento de combustibles en la ciudad, el gobierno inició negociaciones que llevaron a los siguientes acuerdos:

  • Petroperú reducirá en 59 centavos de sol el precio explanta del petróleo diésel. La rebaja acordada equivale a US$ 7 por barril y es el margen de refinación normal en esta industria (varía entre US$ 5 y US$ 7 por barril). En consecuencia, se afecta financieramente a Petroperú al perder este margen. Por lo tanto, se deben producir, en compensación, subsidios directos a la empresa o aumento de los precios explanta del resto de derivados del petróleo.
  • Agilizar la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles que afecta a los transportistas. El proyecto de Ley pasará directamente a la primera sesión del pleno del Congreso en marzo.
  • Suspenden temporalmente el cobro de peajes. En el caso del peaje de Yauca, por cinco meses, mientras continúa la ejecución del mantenimiento de la vía. Si dentro de ese período la ejecución no alcanza el 70%, se ampliará la suspensión del cobro. En el caso del peaje de Atico, una comisión técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) visitará la zona el 25 de febrero y emitirá informe el 28. Si el deterioro de la vía llega al 50%, se suspenderá el cobro del peaje. El acuerdo nos parece correcto, ya que uno de los fines del peaje es asegurar el mantenimiento de la vía.
  • Se amplía plazo para la instalación del GPS en los camiones, dispuesto por ley para controlar la velocidad. Este instrumento, de uso difundido en el mundo moderno, sirve no solo para controlar velocidad, sino para tener un control del vehículo de manera amplia: ubicación, detenciones que efectúa, alteraciones en la forma del manejo que pueden ser producidas por falta de sueño o estado etílico, entre otros.

Como se aprecia, el acuerdo va a causar perjuicio económico a Petroperú y, a la larga, a los contribuyentes del Estado o a los usuarios de otros combustibles. Sorprende, además, porque coincide con la elevación del precio internacional del petróleo.

Además, puede estimular medidas ilegales de fuerza en otros campos, en tanto se pone en evidencia a un gobierno dispuesto a solucionar disputas en las que los reclamantes utilizan estos medios para que se acepten sus demandas. No olvidemos que esta es la segunda confrontación de los transportistas con el gobierno, ya que hace pocos meses se produjo la primera, cuando el entonces ministro de Economía, David Tuesta, elevó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al diésel como una forma de desincentivar el uso del combustible que más daño hace al ambiente. En esa oportunidad, no solo lograron que se eliminará el aumento, sino que se produjera una rebaja aún mayor. Con el reciente acuerdo, la estructura de precios de los derivados del petróleo estaría estimulando el uso intensivo del combustible que más daño hace.

En el caso del acuerdo con la comunidad de Mayuriaga, que hace posible reparar el Oleoducto Norperuano, en necesario recordar lo siguiente:

  • En noviembre del 2018, miembros de la comunidad rompieron el ducto y luego negaron el ingreso de personal para hacer las reparaciones. Como resultado se produjo la paralización total de la extracción de crudo del Lote 192, que representa el 30% de la producción nacional de petróleo.

El martes 26, el gobierno se comprometió a entregar a la comunidad un conjunto de servicios públicos básicos y a contratar mano de obra local, a cambio de permitir la reparación del oleoducto.

Al margen de lo legítimas que puedan ser las demandas de la comunidad Mayuriaga, el acuerdo es negativo porque pone en evidencia, una vez más, que la forma más efectiva de obtener lo que se quiere del Estado es mediante el uso de la violencia y la destrucción de la propiedad, pública o privada. En este caso, la rotura del oleoducto, con los enormes costos que ha tenido para el país, ha quedado impune. Existe, además, la amenaza implícita de una nueva paralización -si los ofrecimientos del gobierno no los llegan a satisfacer- o nuevas demandas a futuro.

Editorial: Debilidad del Estado, dos ejemplos