Editorial: Crisis políticas y política económica

La crisis en Chile ha generado preocupación por el efecto contagio que podría tener en nuestro país.

Los sucesos políticos que han experimentado países vecinos en las últimas semanas provocan justificada preocupación por los efectos contagio que pudieran tener sobre Perú, especialmente en la economía y la gobernabilidad.

Para aclarar el panorama, adelantamos una breve evaluación comparativa de los hechos detrás de esos eventos. Ecuador y Argentina, por ejemplo, están pagando las consecuencias de los desequilibrios económicos recibidos de sus antecesores que no se resolvieron con rapidez y oportunidad política. Como los déficits fiscales, las causas de esos desequilibrios aún persisten y se mantienen altos, sus crisis no están resueltas y es probable que se produzcan protestas sociales similares en el futuro. Nada más alejado del Perú, donde los equilibrios macroeconómicos que conservamos desde hace más de dos décadas nos garantizan un escenario en las antípodas. El caso de Bolivia, donde Evo Morales debió abandonar el país luego de fracasar en su intento de perpetuarse ilegítimamente en el poder, configura también un escenario ajeno a nuestras perspectivas.

Nosotros estamos en el tramo final de una crisis política que enfrentó a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Como consecuencia, renunció el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y se disolvió el Congreso, proceso que ha decantado en una nueva convocatoria de elecciones congresales, lo cual podría marcar una salida de la crisis. Quizá, la consecuencia más importante que tenga la salida de Evo Morales es la de dejar sin plataforma política a varios gobernadores regionales del sur del Perú, especialmente el de Puno, que daban muestras de estar construyendo una red de colaboración que había comenzado con su propósito de introducir en esas regiones el gas natural de Bolivia.

El caso de Chile es diferente y merece una evaluación más detallada, entre otras razones, porque para muchos, ese país era el espejo en el que debíamos mirarnos, sobre todo en materia económica. Las protestas que provocó el aumento de la tarifa del Metro (el tren metropolitano de Santiago) han sorprendido por la violencia extrema que ha incluido destrucción de propiedad, saqueos y vandalismo, y por el respaldo masivo que le otorga la población. Esta situación aún no se resuelve y tiene al presidente Sebastián Piñera enfrentando las perspectivas de su salida y al país ante riesgos mayores, como puede ser el de la continuación del modelo económico. Se ha llegado a este escenario porque los reclamos iniciales se han ampliado y se centran ahora en el cambio de la Constitución chilena, lo que Piñera ha aceptado.

Para entender lo que está pasando es necesario tener en cuenta que, si bien Chile ha tenido áreas de gran avance, como la económica, hay otras que en general se minimizaban y en las que no hubo un progreso similar. Hoy, tiene un ingreso per cápita de US$ 25,700, lo que pone al país al borde de ser una economía avanzada, pero una distribución del ingreso entre las más desiguales de la región, fundamentalmente porque el tamaño reducido de su Estado (25% del Producto Bruto Interno, PBI, comparado con 40% del promedio para los países para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-) no permite corregir esa situación. En consecuencia, el descontento popular se ha venido acumulando desde hace buen tiempo y se muestra ahora en las calles. Son notables los reclamos que se han expresado en movilizaciones masivas en relación con la educación, las AFP y las pensiones de los trabajadores.

Para hacer frente a las demandas, el gobierno chileno ha anunciado un conjunto de medidas, entre las que destacan:

  • Aumento del Ingreso Mínimo Garantizado de US$ 458 a US$ 482.
  • Aumento a 40% de la tasa máxima del Impuesto a la Renta para ingresos anuales mayores a US$ 11,000.
  • Mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas.
  • Ley de seguro catastrófico contra enfermedades.
  • Aumento del 20% de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario.
  • Nueva Constitución mediante un Congreso Constituyente, ratificado por referendo.

A pesar de estas medidas anunciadas, la intensidad y violencia de las protestas no disminuyen, por lo que es posible que la inestabilidad política y la debilidad del gobierno se acentúen.

¿Cómo pueden estos desarrollos influir en Perú? Para empezar, es necesario señalar que si bien los niveles de ingreso per cápita de Chile y Perú son diferentes, la desigualdad en la distribución de ese ingreso es similar y ambos tenemos Estados con tamaños por debajo de los necesarios para lograr un mejor balance (en el Perú el gasto público es solo 21.4% del PBI). Son problemas de base parecidos; sin embargo, también tenemos diferencias notables. En primer lugar, la percepción de la situación es diferente. En Chile, desde hace tiempo las protestas masivas en las calles son el mecanismo para hacerse oír y reclamar. En el Perú, las manifestaciones masivas como medio de reclamo son más bien escasas, se realizan por aspectos puntuales y se dan, la mayoría de las veces, en el interior del país y lideradas por el movimiento antiminero. Además, en nuestro medio, el recurso de la informalidad (con las consecuencias negativas que ello implica) genera una menor dependencia del Estado como proveedor de servicios. Esto lleva a pensar que en la actualidad una explosión similar a la que vive Chile es mucho menos probable entre nosotros.

En segundo lugar, en el Perú, a nivel político, hay mayor conciencia de la existencia de estos problemas y, con dificultades, estos se intentan resolver. De hecho, los recientes Decretos de Urgencia emitidos y algunos de los anunciados por el gobierno, parecieran responder a lo sucedido en Chile, aunque han estado en estudio y listos para su promulgación desde hace tiempo. No se debería, sin embargo, descartar que lo sucedido en el país vecino los haya precipitado. Lo que sí creemos es que las protestas van a sensibilizar a los políticos y gobernantes con respecto a las medidas impopulares que se deban adoptar.

En tercer lugar, hay que reconocer que el riesgo más importante que se deriva de lo que sucede en Chile tiene que ver con el cambio de la Constitución, sobre todo mediante una Asamblea Constituyente, que es desde hace un tiempo la bandera de la izquierda nacional. Para empezar, hay un hecho que las marca como indeseables para las izquierdas de ambos países: la de Chile es la Constitución de Pinochet y la de Perú es la Constitución de Fujimori. Sin embargo, debemos señalar que la nuestra, por lo menos en los aspectos relacionados con los temas que analizamos, es más avanzada que la chilena. Para dar unos ejemplos, establecer la educación como un derecho, ha permitido que el Estado la brinde de manera gratuita a todos sus niveles, mientras que en el vecino país no lo es a nivel universitario. Esto lleva a que en Chile se acuse al sistema de favorecer la formación de una oligarquía. El Estado peruano puede intervenir más amplia y directamente en la regulación de los mercados, facultad que está usando el Gobierno para obligar a la venta de medicamentos genéricos, cosa que en Chile no sería posible; etc. El objetivo principal que buscan las izquierdas de ambos países con una nueva Constitución es cambiar el modelo económico de sus respectivos países. En el Perú, el modelo constitucional es el que ha permitido avanzar en la reducción de la pobreza y en la creación de una pujante clase media. Por lo tanto, no hay razón para que se produzca este cambio.

En conclusión, tenemos condiciones de base que nos hacen tener problemas similares como nación, pero existen percepciones diferentes de esos problemas y, como consecuencia, tiempos también distintos para resolverlos. El Perú tiene por delante un conjunto de desafíos que debe atender y solucionar positivamente. Si fracasa en el intento, lo que sucede ahora en Chile nos va a alcanzar.

Editorial: Crisis políticas y política económica