Raúl Villacorta, Economista de Macroconsult
Durante los últimos años el Ejecutivo ha llevado a cabo un esfuerzo importante por mejorar la calidad regulatoria de las normas que emite regularmente. Como parte de dicho proceso, recientemente se ha establecido una serie de lineamientos generales para la aplicación diversos instrumentos que aseguren la idoneidad y la calidad del contenido en las intervenciones regulatorias que realiza, a través del Decreto Supremo N° 063-2021-PCM.
En el caso del Congreso, a pesar de que su Reglamento establece que las propuestas legislativas deben incluir una evaluación de costos y beneficios, es común observar proyectos que carecen de un análisis adecuado sobre este aspecto, los cuales muchas veces son exonerados del pase por comisiones. Este tema parece haber vuelto a discusión recientemente a raíz del análisis costo-beneficio presentado en una iniciativa legislativa de la congresista Bazán para modificar la normativa aplicable actualmente a la suspensión perfecta de labores, sin embargo, no se trata de un tema nuevo.
En efecto, desde la modificación al Reglamento que incorporó de manera general el análisis costo-beneficio, se ha desarrollado un total de 5 iniciativas legislativas que buscaron regular y dotar de mayor base institucional los análisis costo-beneficio de los proyectos de ley. Si bien ninguna de dichas iniciativas prosperó, estas propuestas evidencian que algunos congresistas sí son conscientes de la problemática, y han tratado de proponer soluciones.
En esta misma línea, en el marco del proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades de evaluación de iniciativas legislativas” promovido por el CIES, se concluyó que esta metodología sólo se aplica adecuadamente – aunque con grandes dificultades – en un número muy reducido de proyectos legislativos, lo cual resulta en propuestas normativas poco relevantes. Sin embargo, inclusive si se estableciese la obligación de aplicar un adecuado análisis de costos y beneficios, las restricciones de personal especializado en el Congreso podrían limitar la capacidad de cumplir con un conjunto mínimo de estándares.
Al respecto, algunas iniciativas legislativas han propuesto el desarrollo de una Oficina de Estudios Económicos en el Congreso, alternativa que parecería ser la más razonable, siempre y cuando se garantice a esta institución un mínimo de independencia e idoneidad en los perfiles técnicos que la conformen. Una institución con estas características no sólo dotaría de mayor sustento técnico las iniciativas legislativas del Congreso, también permitiría establecer prioridades en la agenda parlamentaria y, en última instancia, promovería el desarrollo de proyectos de mayor calidad, que realmente generen bienestar a los peruanos.