Pamela Bernabé, economista de Macroconsult
La economía china ha vuelto a ser foco de atención y preocupación global en los últimos meses. Los recientes datos de su actividad económica han causado una elevada incertidumbre sobre una rápida recuperación tras la eliminación de las restricciones relacionadas con la política de “cero covid” a inicios de este año. Dichos datos parecen indicar que las perspectivas fueron demasiado optimistas.
Varios factores están limitando la economía china en la actualidad. Por un lado, el debilitamiento del entorno económico global ha impactado negativamente en la demanda de sus exportaciones. Por otro lado, la persistente crisis en el sector inmobiliario, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para estabilizarlo, presenta señales alarmantes, dado que la vulnerable situación financiera de las principales promotoras inmobiliarias las ha llevado al borde de la insolvencia, lo cual viene afectando significativamente a las industrias relacionadas. Además, la crisis de confianza tanto de la población como de los mercados se ha generalizado, lo cual representa un reto complicado de revertir.
En respuesta a todo ello, el gobierno chino ha intentado calmar las expectativas pesimistas implementando una serie de medidas. Estas incluyen la relajación de la política monetaria, exenciones fiscales, facilidades regulatorias y una aceleración del gasto en infraestructura, entre otras. Sin embargo, estas acciones han decepcionado a los mercados que consideran que la situación económica china requiere medidas más contundentes, similares a los estímulos masivos implementados en crisis pasadas. Esto sería fundamental, sobre todo, si China quiere alcanzar su objetivo de crecimiento para este año del 5% y evitar lo que se ha denominado “recesión de expectativas».
Sin embargo, existe una creciente pregunta sobre si el gobierno chino tiene un objetivo diferente en mente. Recientemente, ha surgido un debate sobre por qué el liderazgo de Xi Jinping permite que la segunda economía más grande del mundo experimente turbulencias económicas. Uno de los argumentos es que la filosofía económica del gobierno tiene, por ahora, como prioridad impulsar un modelo de «nueva economía» liderada por industrias «verdes» y de alta tecnología. Aunque la evolución de estos sectores, a la fecha, ha tenido cierto éxito, no ha sido suficiente para compensar la caída de la industria inmobiliaria.
Además, se argumenta que el gobierno chino busca evitar una política de «bienestarismo» asociado con los estímulos de gasto masivo y, por el contrario, buscaría reducir los riesgos financieros. En línea con esta estrategia, China se estaría aferrando a su objetivo de déficit fiscal del 3% del PIB para este año. El gobierno chino ha subrayado que estos objetivos no deben sacrificarse en aras de lograr un crecimiento a corto plazo.
Sin embargo, el descontento en la población y el sector privado en general está aumentando, y existe la posibilidad de que se repita un escenario de protestas, similar a lo ocurrido a fines de 2022 cuando las restricciones relacionadas con la política de “cero covid” estaban en su punto más crítico. Si esto sucede, el gobierno podría verse obligado, otra vez, a ceder en sus objetivos, al menos temporalmente.
Así, la economía china se enfrenta a una serie de desafíos complejos y contradictorios. Por un lado, hay una necesidad apremiante de impulsar el crecimiento y mantener la estabilidad económica. Por otro lado, el gobierno chino parece estar comprometido con una visión a más largo plazo de una modelo basado en la sostenibilidad y la transición hacia una “nueva economía”. La difícil tarea que enfrenta el gobierno es encontrar un equilibrio entre estas dos perspectivas, y la forma en que lo haga tendrá implicancias significativas tanto en su economía interna como en la global, sobre todo, en economías pequeñas como la peruana, que, en el peor de los casos, podrían enfrentar un menor dinamismo de la demanda de productos desde ese país y precios del cobre más bajos.