Elmer Cuba, socio de Macroconsult
En los últimos 30 años la economía peruana se convirtió en una máquina de creación de valor. Ello llevó a mejores ingresos familiares y por ende a una rápida reducción de la pobreza. Los servicios públicos y la seguridad social también mejoraron, pero no lo suficiente como para dar mejores oportunidades a las grandes mayorías nacionales que venían dejando la condición de pobreza.
Así, la salud, la educación y la seguridad ciudadana no mejoraron al ritmo que avanzaba la economía del sector privado. Es decir, el modelo económico caminaba relativamente bien, mientras que el sistema político no ayudaba a delinear un mejor estado y gestión pública.
La sociedad peruana, si la podemos llamar así, es muy heterogénea, difícil de representar políticamente. Sin embargo, los partidos que conformaban las mayorías en los congresos, si bien no afectaban el modelo económico, poco hicieron en su función de control político. Los actos de gobierno y de la administración pública no están libres de control. La política falló.
En paralelo a este proceso, el sistema político comenzó a estresarse durante el último período presidencial. La renuncia de un presidente de la república, el cierre del congreso y una vacancia presidencial acontecieron dentro de este periodo.
Sin embargo, con el nuevo gobierno, el sistema político -disfuncional a los intereses de las mayorías- entró en crisis. El actual mandatario no solo ha mostrado severas limitaciones para la gestión pública, sino que viene llevando al ejecutivo a una masiva degradación institucional en tan sólo 9 meses de administración.
Ello ya ha comenzado a afectar negativamente el funcionamiento de la economía y con ello el bienestar de la población.
Al ejecutivo no parece preocuparle que en medio de altos precios se hayan tenido paralizadas dos de las unidades mineras más importantes del país. O que, en medio de un aumento de la informalidad laboral, se empeñe en encarecer la contratación de empleo formal en todas las formas posibles. Y en el camino, alejando de la formalidad a las grandes mayorías a las cuales dice representar.
La economía peruana tenía un amplio espacio para seguir creciendo en 2022 a una tasa muy por encima de sus pares regionales. En 2022 la demanda interna crecería cerca de 1.5%, mientras que el PBI lo haría a 3% gracias al rebote del turismo y la entrada de 3 nuevas unidades mineras.
Sin embargo, la aceleración de la inflación desde julio de 2021 puede terminar por afectar a todo el modelo económico, si se politiza el fenómeno y se trata de sacar provecho ideológico y partidario.
Como se sabe, la reciente aceleración inflacionaria tiene su origen en el incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos y los granos (maíz y trigo), así como un aumento del dólar el año pasado como reflejo de los cambios de cartera ante los temores del nuevo gobierno. Desafortunadamente, la guerra en Ucrania ha desatado un nuevo aumento en los precios de los productos mencionados. Afortunadamente, se espera que en resto del año, el dólar se constituya en un ancla de precios, mientras la política monetaria hace su trabajo, aunque sus efectos llegarán más en el 2023.
Las respuestas del ejecutivo han sido muy malas. En lugar de proteger a las familias vulnerables con bonos por el aumento transitorio de precios, ha abierto unas puertas que no se deben abrir: exoneraciones tributarias de IGV a bienes finales y una nueva ley “antimonopolios”.
El congreso, por su parte, llevó la primera propuesta a niveles absurdos y se presta a aprobar un quinto retiro de los fondos de pensiones que afectará muy negativamente a los propios pensionistas. El congreso estaría yendo en contra del principio mismo de la existencia de pensiones. Seríamos un país que destruye las pensiones de los pocos que podrían tenerlas, mientras no se legisla sobre una reforma del sistema para una mayor cobertura y suficiencia de las pensiones.
La inflación se puede exacerbar por una mala oferta agrícola como reflejo de la crisis de la úrea, provocando una espiral campo-ciudad y viceversa. El control de precios es una tentación populista muy peligrosa. El congreso puede afectar el modelo económico sin necesidad de una asamblea constituyente. Hasta que ceda la inflación podemos tener pulsiones populistas de ambos poderes que afectarán el bienestar de las grandes mayorías nacionales.
El propio presidente ha propuesto un referéndum para una asamblea constituyente como salvación política ante su incapacidad manifiesta de producir mejores políticas públicas.