Estamos ante un gobierno de izquierdas. Dejando de lado el caso de Ollanta Humala y el partido nacionalista, es la primera vez que las izquierdas llegan al poder en una amplia coalición alrededor del profesor Pedro Castillo. Los diferentes ministros y funcionarios/asesores giran individualmente alrededor del propio Castillo, de Perú Libre (Cerrón), el Frente Amplio (Arana), Nuevo Perú (Mendoza) y Juntos por el Perú (Simon). Y hasta hace poco, hasta Runa tenía un ministro (Galvez).
En el sentido de capital político, Perú Libre es una suerte de segundo accionista más importante (el primero es Castillo mismo). Sin embargo, este partido ha querido imponer sus ideas extremistas, no ha reconocido su verdadera fuerza y arraigo popular, y se ha mostrado muy hostil con sus compañeros de viaje, por lo que ha perdido espacio en el gabinete y en el poder. Como el poder se ocupa, el resto ha aumentado su participación.
Hasta ahora, esta coalición de partidos y facciones ha producido la siguiente política económica.
El anuncio de una mayor carga tributaria a la minería, que está aún por definir y que, finalmente, está en manos del Congreso. La carga tributaria total que recibe la minería está en niveles altos internacionalmente. Hay que tener cuidado allí, porque el país compite con otros para atraer la inversión minera. El actual diseño impositivo (hecho el 2011) es de muy buena factura técnica y está mostrando sus bondades en el boom de precios de 2021.
La idea de rentabilidad social para nuevos proyectos mineros, una suerte de puntajes ponderados que se confunden con los impactos que ya tienen intrínsecamente los proyectos mineros. Son criterios potencialmente peligrosos por su arbitrariedad y una posible fuente de corrupción.
En la práctica, una nueva política de subsidios al GLP y una masificación del gas natural aún por definir por una comisión. Todo esto luego de una amenaza de nacionalización del gas natural, inconsulta con el gabinete, que habría precipitado la salida del primer Bellido. Este último ha sido un factor de inestabilidad por su estilo singular de generar zozobra entre los agentes económicos y afectar fuertemente las expectativas empresariales.
Un conjunto de políticas agrarias para pequeños productores y cooperativas, llamada equívoca y socarronamente “segunda reforma agraria”. Se trata de pequeñas obras de infraestructura hidráulica, compras estatales, mejor comercialización, microcréditos, franjas de precios, ayuda técnica y subsidios a fertilizantes.
En el plano fiscal, el gobierno se ha mostrado relativamente austero, fijando límites para el 2022: un déficit fiscal de 3.7% del PBI y un techo para la deuda pública de 38% del PBI. Afortunadamente, es tan grande el choque de términos de intercambio que el déficit fiscal cerraría 2021 por debajo del 4% del PBI y con la regularización del impuesto a la renta en 2022, el déficit podría quedar fácilmente debajo de 2.5%.
En otras circunstancias un choque de términos de intercambio como el que estamos teniendo hubiese llevado a la economía peruana a crecer cerca al 6% el próximo año. Lamentablemente, las amenazas de cambiar el capítulo económico de la Constitución y, en general, llamar a una asamblea constituyente han hecho caer las expectativas de crecimiento para el próximo año.
El principal reto del gabinete Vásquez será cambiar esos estados de ánimo con acciones concretas de buen gobierno. Diferenciarse de Bellido no sólo en las formas, sino en el fondo: no más pobres en un país rico. No defraudar a los votantes de Castillo, ni al resto de peruanos.