Sandra Flores, Economista Senior de Macroconsult
De acuerdo con las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las personas gozan de seguridad alimentaria cuando de manera permanente tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, que les permite satisfacer sus necesidades nutricionales y preferencias alimentarias.
La FAO identifica que los principales factores que ponen y han puesto en peligro el cumplimiento de la seguridad alimentaria, son: (i) los conflictos; varios de los países que han atravesado por esta situación han quedado al borde la hambruna; (ii) las condiciones climáticas; la variabilidad y las condiciones extremas del clima, aunada al cambio climático, afectan la producción de alimentos; (iii) la inasequibilidad de dietas saludables; el alto costo de estos alimentos dificulta que las personas de bajos ingresos y que se enfrentan a dificultades económicas sean capaces de adquirirlos; y (iv) las desaceleraciones y debilitamiento de la economía; este es el factor que, independientemente de su causa, como una pandemia; frena los progresos hacia la eliminación de todas las formas de malnutrición.
La pandemia de la COVID-19 implicó que los países adopten medidas de aislamiento, restricciones de movilidad y cuarentenas; llevando al mundo a una recesión sin precedentes. De acuerdo con el último reporte de la FAO “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la nutrición en el mundo” publicado en julio de 2021, si bien ya antes de la pandemia no se estaba en el camino para poner fin a todas las formas de hambre y malnutrición, la pandemia ha complicado considerablemente el cumplimiento de este objetivo de desarrollo, revelando las deficiencias de los sistemas alimentarios y medios de subsistencia, sobre todo, de los más vulnerables.
De acuerdo con este reporte, en 2020, el porcentaje de la población subalimentada en el mundo subió en 1.5 puntos porcentuales respecto de 2019, pasando de 8.4% a 9.9%. Mientras que las condiciones de subalimentación en América Latina aumentaron en 2.1 puntos porcentuales, pasando de 6.5% a 8.6%. Asimismo, la inseguridad alimentaria grave en América Latina, aquella que agrupa a las personas que pasaron un día o más sin comer, aumentó en 4 puntos porcentuales en américa latina, pasando de 10.1% a 14.2% .
En el caso de Perú, de acuerdo con el documento “Una mirada regional a la seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe durante el primer año de COVID-19” publicado por el BID, al 2020, el 8% de las personas en Perú experimentó hambre severa y 38% hambre moderada. Un punto por resaltar es que, al parecer, la población migrante venezolana ha sido una de las más afectadas. De acuerdo con la encuesta de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida en la Pandemia en Lima Metropolitana, llevada a cabo por Acción contra el Hambre y la Universidad Cayetano Heredia, mientras el ingreso de las familias peruanas cayó en casi 30%, el de las venezolanas disminuyó en casi 50%.
La pandemia de la COVID-19 ha deteriorado los resultados de seguridad alimentaria, complejizando el cumplimiento de la meta hambre cero al 2030. Es necesario que las autoridades trabajen de manera conjunta para asegurar el abastecimiento de alimentos, fortalecer los servicios básicos de salud y promover estrategias de comunicación que mejoren las prácticas nutricionales. El trabajo conjunto y coordinado es fundamental para no limitar los resultados. Las políticas, estrategias y leyes a nivel nacional, regional y local, tienen que desarrollarse de manera integral, mas no en diálogos separados.